El procurador anticorrupción Reynaldo Cuayla informó que el Ministerio Público solicitó una condena de siete años y seis meses de prisión efectiva contra el actual gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, por presuntas irregularidades en la venta de un terreno municipal realizada en 2017. La Procuraduría también exige una reparación civil superior a los S/ 24 millones.
Una investigación por la venta de un terreno municipal valorizado en más de S/ 50 millones podría llevar al actual gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, a enfrentar un juicio oral con un pedido de siete años y seis meses de prisión efectiva. El caso, que se remonta a su gestión como alcalde provincial en 2017, es considerado por la Procuraduría Anticorrupción como uno de los procesos más relevantes que actualmente se siguen en la región.
El procurador anticorrupción de Tacna, Reynaldo Cuayla Mamani, informó que el Ministerio Público atribuye al gobernador el presunto delito de colusión agravada por presuntas irregularidades detectadas durante la adjudicación de la parcela 7A, ubicada en el sector de la Vía Ecológica.
De qué trata el caso
De acuerdo a la investigación, en la que está involucrado Torres Robledo junto a otras ocho personas, la Asociación de Pequeños Industriales de Viñani, beneficiaria con la compra de la parcela, no habría contado con los recursos económicos suficientes para cumplir con el pago dentro de los plazos establecidos.
La tesis del fiscal Erwin Gutiérrez señala que la asociación debía completar el pago del saldo pendiente, superior a los 18 millones de soles, hasta el 4 de octubre de 2017, pero mediante la presentación de documentación se le permitió ampliar los tiempos y concretar la operación. Si el proceso hubiera continuado con normalidad, la asociación no habría cumplido con los pagos y hubiera perdido los montos abonados por lo que el terreno debió retornar a la Municipalidad Provincial de Tacna.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el valor del predio. De acuerdo con la investigación, el terreno fue transferido por más de S/ 25 millones, aunque una valorización técnica posterior determinó que su precio real superaba los S/ 50 millones. Esta diferencia habría ocasionado un perjuicio económico al Estado cercano a los S/ 24 millones.
En este caso en específico, el Ministerio Público señala que el entonces alcalde provincial tenía conocimiento de las presuntas irregularidades y pese a ello permitió que toda la operación continuara.
La Procuraduría Anticorrupción ha solicitado una reparación civil superior a ese monto, mientras que la Fiscalía plantea una condena de siete años y seis meses de prisión efectiva para la autoridad regional.
Actualmente, el proceso se encuentra en control de acusación (etapa intermedia) y será el Poder Judicial el que decida si el caso pasa a juicio oral. Cuayla precisó que el requerimiento fiscal corresponde exclusivamente a este expediente y no involucra otras investigaciones que se siguen contra Torres.
Panorama regional
El caso que involucra a Luis Torres no es el único expediente de relevancia que actualmente sigue la Procuraduría Anticorrupción de Tacna. Según informó Reynaldo Cuayla, la institución afronta una creciente carga procesal vinculada a presuntos actos de corrupción cometidos en distintas entidades públicas de la región.
De acuerdo con el procurador, actualmente existen más de mil 200 investigaciones en trámite relacionadas con delitos contra la administración pública. Solo durante el último año se incorporaron entre 600 y 700 nuevas denuncias, muchas de ellas vinculadas a presuntos casos de colusión, peculado y negociación incompatible.
La mayoría de estos procesos se encuentra en diferentes etapas, desde investigaciones preliminares y preparatorias hasta juicios orales. Algunos expedientes incluso involucran a exautoridades, funcionarios públicos y presuntas organizaciones criminales que habrían operado dentro de instituciones estatales.
Entre los casos más emblemáticos mencionados por Cuayla figuran las investigaciones denominadas “Los Limpios de Tacna” y “Saqueadores de Ilabaya”, que en los últimos años han concentrado la atención de las autoridades por la magnitud de los presuntos hechos irregulares que se investigan.
El procurador también recordó la reciente condena de seis años de prisión efectiva impuesta a Hugo Mita Alanoca, exalcalde del distrito de Ciudad Nueva, sentenciado por el delito de colusión agravada debido a irregularidades detectadas en la recepción de bienes adquiridos para un proyecto ejecutado durante su gestión.
Sin embargo, advirtió que el avance de las investigaciones continúa enfrentando dificultades debido a la limitada cantidad de personal y al elevado número de expedientes que maneja la Procuraduría. Pese a ello, aseguró que la institución mantiene el impulso de las acciones judiciales destinadas a recuperar recursos públicos y sancionar eventuales actos de corrupción.
Cifra
Mil 200 investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública tramita la Procuraduría Anticorrupción de Tacna
