Un informe de control reveló que el Gobierno Regional de Madre de Dios dejó de percibir S/ 22,650 debido a que decenas de concesionarios forestales incumplieron la presentación de informes y planes de manejo sin que exista supervisión ni acciones de fiscalización por parte de la autoridad regional forestal.
La falta de control sobre concesiones forestales en Madre de Dios volvió a quedar bajo observación de la Contraloría General de la República. Un reciente informe de control detectó que el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD), a través de su Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, no supervisó ni fiscalizó adecuadamente el cumplimiento de obligaciones por parte de concesionarios forestales durante los años 2022 y 2023.
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 008-2026-2-5346-AOP, emitido el 8 de mayo de 2026, esta omisión permitió que el Gobierno Regional dejara de percibir S/ 22,650 por derechos de tramitación relacionados con informes de ejecución forestal y planes de manejo que nunca fueron presentados por los concesionarios.
El documento advierte que la ausencia de control no solo generó un perjuicio económico para la región, sino que además debilitó la capacidad del Estado para supervisar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales en la Amazonía.
Concesionarios incumplieron
La Contraloría identificó que 84 concesionarios forestales no maderables incumplieron con presentar sus Informes de Ejecución Forestal Anual correspondientes al periodo 2022-2023, pese a tratarse de un requisito obligatorio para mantener el control sobre las actividades extractivas autorizadas.
Por este incumplimiento, el Gobierno Regional dejó de cobrar S/ 21 mil por concepto de derechos de trámite establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), equivalente a S/ 250 por cada expediente.
Además, otros seis concesionarios mantuvieron operaciones o derechos vigentes sin presentar nuevos Planes de Manejo Forestal, como el Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI) o la Declaración de Manejo (DEMA), generando otra pérdida de S/ 1,650 para la entidad regional.
La Contraloría señala que la Gerencia Regional Forestal no realizó acciones de verificación, fiscalización ni seguimiento para exigir el cumplimiento de estas obligaciones.
Uno de los aspectos más cuestionados del informe es que, al ser requerida por la comisión de control, la Gerencia Regional Forestal respondió que no encontró registros ni documentación sobre acciones adoptadas frente a los concesionarios infractores durante los años evaluados.
Es decir, no existirían evidencias de procedimientos de supervisión, sanción o fiscalización pese a los reiterados incumplimientos detectados.
“El hecho afecta la adecuada administración y control del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales”, advierte el informe.
El documento también identifica como responsables funcionales a quienes ejercieron cargos de gerentes regionales forestales y de fauna silvestre durante el periodo observado: Rosa María Baca Cusihuamán, Juniors Adolfo Orrego Rodríguez, Carlos Javier Bouroncle Rodríguez y Carola Galarreta Antuanet.
Impacto ambiental y control forestal
La entidad advirtió que la falta de presentación de informes y planes de manejo limita la capacidad del Estado para conocer cuánto recurso forestal se extrae realmente de los bosques amazónicos y si dicha actividad se realiza dentro de parámetros legales y sostenibles.
Además, alertó que la ausencia de control puede favorecer actividades irregulares y afectar directamente la conservación de ecosistemas forestales en Madre de Dios, una de las regiones con mayor presión por actividades extractivas y economías ilegales vinculadas a la deforestación.
Ante ello, el informe fue remitido a la gobernadora regional de Madre de Dios, Lisett Sharon Revollar Cáceres, quien deberá presentar un plan de acción correctivo en un plazo máximo de 20 días hábiles para determinar responsabilidades y adoptar medidas de control institucional.
Dato
Un concesionario forestal es una persona, empresa o comunidad a la que el Estado le otorga el derecho legal y temporal para administrar y aprovechar sosteniblemente una zona de bosque.
