La tasa de denuncias por extorsión pasó de 2 a 14 casos por cada 100 mil habitantes entre 2019 y 2025.
La inseguridad empieza a tener una dimensión que va más allá de las víctimas de un delito. En Cusco, el aumento de las denuncias por extorsión ocurre en una región donde buena parte de la actividad económica depende del turismo y donde la inversión privada necesita condiciones estables para operar.
Durante el año 2025, Cusco registró 14 denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes, 26 % más que en 2024 y siete veces la tasa registrada en 2019, según los datos de Incore Perú.
El problema coincide con la percepción de los empresarios. Una encuesta realizada por Ipsos para CADE Ejecutivos 2025, recogió las opiniones de 245 hombres de negocio de las 5 mil empresas más grandes del Perú. En ese estudio, el 85 % identificó a la delincuencia como el principal problema del país, mientras que el 64 % la consideró el mayor riesgo para la gestión empresarial.
El mismo estudio encontró que 79 % de los ejecutivos consideraba que combatir eficazmente la inseguridad sería la medida con mayor impacto para reactivar la inversión privada. Es decir, para este grupo empresarial, la seguridad no aparecía solo como un problema social, sino como una condición que podía afectar las decisiones económicas.
Una empresa no necesita ser víctima directa de una extorsión para asumir costos asociados a la inseguridad. El riesgo puede traducirse en mayor gasto en vigilancia, seguros, sistemas de seguridad, transporte o protección de locales y equipos.
También puede modificar la manera en que funciona un negocio: cambiar horarios, evitar determinadas rutas o reducir actividades en zonas consideradas peligrosas.
Estos costos son más difíciles de absorber para las pequeñas empresas. Una interrupción, un gasto extraordinario en seguridad o la pérdida de clientes por cambios en el funcionamiento puede afectar directamente sus márgenes y sus posibilidades de expansión.
Cuando estas decisiones se repiten entre distintos negocios, el problema deja de ser individual y puede terminar afectando la productividad y las condiciones para invertir.
En Cusco, el impacto potencial es mayor por el peso del turismo. La Cámara de Comercio del Cusco proyectó para julio de 2026 la llegada de unos 175 mil visitantes, 5 % más que en julio de 2025. Ese flujo se distribuye entre hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transporte, comercio y otros servicios. Por eso, cualquier problema que afecte la percepción de seguridad puede tener consecuencias sobre una cadena económica mucho más amplia que el sector turístico.
El movimiento económico esperado para los siguientes meses también muestra la magnitud de esa actividad. Ante la visita del papa León XIV, prevista para noviembre de 2026, la Cámara de Comercio del Cusco estimó que unos 50 mil visitantes adicionales podrían generar alrededor de S/77 millones en actividad económica durante su permanencia en la región.
La inseguridad tampoco se limita a la extorsión. Durante 2025, el Ministerio Público registró en Cusco seis denuncias relacionadas con minería ilegal por cada 100 mil habitantes, 50 % más que en 2020. Chumbivilcas concentró casi la mitad de estos casos, seguida por Quispicanchi, con 14 %, y La Convención, con 12 %.
Además de los delitos asociados directamente a esta actividad, la expansión de la minería ilegal genera presión sobre territorios, recursos naturales y actividades económicas que dependen de ellos.
Los resultados de la encuesta de Ipsos muestran que la preocupación por la inseguridad coexistía, a fines de 2025, con expectativas económicas favorables para 2026.
Los ejecutivos encuestados proyectaban entonces un crecimiento de 3,2 % del PBI para 2026 y esperaban que los ingresos de sus empresas aumentaran 7,3 %, mientras que las planillas crecerían 5,3 %. Estas cifras son expectativas recogidas en 2025, no resultados económicos ya registrados en 2026.
Este problema llegará también a la agenda de CADE Ejecutivos 2026, que se realizará del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco. El encuentro reunirá a representantes del sector empresarial y otros actores para discutir temas relacionados con inversión, crecimiento e institucionalidad.
Pero las cifras que anteceden al evento muestran que, para Cusco, la seguridad no es únicamente un tema de debate empresarial. Las denuncias por extorsión, el impacto sobre los negocios vinculados al turismo y la expansión de actividades ilegales forman parte de un problema que ya ocurre en la economía regional.
79 % de los ejecutivos encuestados por Ipsos para CADE Ejecutivos 2025 consideró que combatir eficazmente la inseguridad tendría el mayor impacto para reactivar la inversión privada.
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