Ronald Tohalino Manrique figura entre los comprendidos con presunta responsabilidad penal en el informe de auditoría de Autodema.
Autodema no se libra de presuntos actos de corrupción. Y es que la Contraloría General de la República, a través del Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 018-2026-2-0617-AC, reveló un perjuicio económico de S/ 244 mil 19 en la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA). Esto debido a irregularidades en la contratación y ejecución de servicios de vigilancia para los terrenos del Proyecto Especial Integral Majes Siguas II.
Entre los funcionarios comprendidos con presunta responsabilidad penal figura Ronald Tohalino Manrique. No se trata de un funcionario ajeno al entorno político del gobernador. En las elecciones regionales de 2022, aportó S/ 10 mil 678 a la campaña electoral de Rohel Sánchez, mediante la adquisición de materiales de propaganda como banners, stickers y volantes.
Según el ente de control, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, Autodema requirió servicios especializados para proteger los terrenos del Proyecto Majes Siguas II. El área comprende 232 mil hectáreas, con especial atención a las 89 mil hectáreas de las Pampas de Siguas y al anexo de Pusa Pusa, en Caylloma.
Sucede que el primer Concurso Público N° 002-2023-GRA-AUTODEMA fue declarado desierto porque ninguna de las ofertas presentadas cumplía las condiciones establecidas. El comité de selección, presidido por Ronald Tohalino, consideró que los postores no cumplían los 5 años de experiencia en supervisión de seguridad, respaldados con contratos que demostrarán de dos a tres años de experiencia directa como “personal de seguridad”. No obstante, para la unidad contralora, la empresa Vigilancia y Seguridad Organizada SAC. sí reunía los requisitos exigidos.
La situación se agravó con la convocatoria de la Adjudicación Simplificada N.° 010-2023-GRA-AUTODEMA. Durante la etapa de consultas y observaciones, el comité modificó los requisitos de experiencia en supervisión a pedido de la empresa Llave Construcción y Consultoría SAC y terminó favoreciendo a la firma que finalmente ganó la buena pro.
Pero hay más. Al término del servicio, Autodema lanzó un nuevo Concurso Público N.° 003-2024-GRA-AUTODEMA. En este proceso, los funcionarios incorporaron a los agentes de seguridad como personal clave; es decir, exigieron acreditar individualmente la formación académica y la experiencia de los agentes de seguridad. Esta disposición restringió la participación de varios impostores que advirtieron que los vigilantes no debían ser calificados bajo esa denominación. Nuevamente, Llave Construcción y Consultoría SAC. se alzó con el contrato.
Una vez iniciado el servicio, la empresa no implementó los receptores GPS de geolocalización ni instaló la aplicación SINO TRACK PRO en las unidades motorizadas, herramientas para supervisar los desplazamientos y verificar el cumplimiento de las labores de vigilancia. Tampoco acreditó la implementación de los campamentos ni la disponibilidad del armamento reglamentario exigido en los términos de referencia.
Pero hay más, la firma sustituyó a trabajadores considerados personal clave por vigilantes que no demostraron contar con la formación y experiencia requeridas. Asimismo, no presentó la documentación de las planillas electrónicas ni los comprobantes correspondientes ante la SUNAT. A ello se sumó la falta de acreditación de la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), indispensable para trabajadores que desarrollan actividades en zonas de riesgo.
Por si fuera poco, los responsables de supervisar los contratos dieron conformidad a los servicios sin aplicar las sanciones correspondientes por mora y otras infracciones contractuales. La Contraloría determinó que las penalidades acumuladas incluso superaban el límite máximo legal del 10 % del contrato. Esta actuación ocasionó un perjuicio económico de S/ 118 mil 57.
Las penalidades que sí fueron cobradas se calcularon indebidamente. En lugar de utilizar el valor total del contrato como referencia, se hicieron los cálculos sobre montos parciales correspondientes a los entregables. Esta metodología redujo indebidamente las sanciones económicas que debían imponerse. El segundo perjuicio asciende a S/ 125 mil 961.
Por estos hechos, el ente de control identificó presunta responsabilidad penal en siete funcionarios y locadores, entre ellos Ronald Tohalino Manrique, Rolando Pocco Almora, Jefferson Valdeiglesias Sánchez, Álvaro Cavero Llerena, Robert Salcedo Huamani, Melsy Salinas del Carpio y María Saire Pilco. Las imputaciones se relacionan con las actuaciones y decisiones que permitieron las irregularidades detectadas.
Además, se establecieron presuntas responsabilidades administrativas funcionales sujetas a la potestad sancionadora de la entidad, según corresponda. Entre los exfuncionarios comprendidos figuran el exgerente Duberly Otazú García, Frank Céspedes Valcárcel, Julio Cuadros Escobedo, Luis Pichón Ponce y Magaly Ochoa Cairo.
Finalmente, la Contraloría recomendó remitir los actuados a la Procuraduría Pública para que se impulsen las acciones legales correspondientes y se determinen las responsabilidades penales. Mientras tanto, Tohalino Zegarra fue premiado con la jefatura de la Oficina de Logística de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa.
DATO
El exgerente Duberly Otazú García señaló a Evidencia.pe que no fue informado de los hallazgos de la Contraloría.
CIFRA
S/ 244 mil fue el perjuicio económico generado a Autodema por estas irregularidades.
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