La Contraloría halló contratos con personas y empresas sancionadas por corrupción y familiares de autoridades. Hay al menos 12 municipios con estos problemas en la región Cusco. Las autoridades ya están avisadas y se esperan sanciones.
Una nueva alerta sobre la gestión de recursos públicos en Cusco. La Contraloría General de la República detectó que 12 municipalidades distritales contrataron a proveedores con impedimentos legales vigentes, incluyendo personas sancionadas por corrupción y familiares directos de autoridades. Las irregularidades fueron identificadas en Pichari, Cielo Punco, Ocobamba, Vilcabamba, Echarati, Ocongate, Marcapata, Quispicanchi, Ollantaytambo, Machu Picchu, Kosñipata y Mollepata, según informes de Acción de Oficio Posterior.
Contratos con sancionados y familiares
Uno de los casos más representativos se detectó en la Municipalidad Distrital de Pichari, donde se suscribió un contrato por más de S/ 74 mil con una proveedora impedida por tener vínculo familiar con un exalcalde. En Cielo Punco se contrató a un asistente técnico que era hijo de un exregidor, mientras que en Ocobamba se firmaron contratos con una persona sancionada por delitos contra la administración pública.
En Vilcabamba, las contrataciones con proveedores sancionados superaron los S/ 107 mil, mientras que en Echarati se identificaron servicios de alimentación y bebidas contratados con personas vinculadas a regidores.
Montos y omisiones
El informe también revela pagos en Quispicanchi por más de S/ 34 mil a una proveedora con vínculos familiares con un exregidor. En Marcapata, uno de los casos más graves, se contrató por más de S/ 104 mil a una empresa cuyos accionistas tenían relación directa con un funcionario municipal, quien además omitió declarar este vínculo en su Declaración Jurada de Intereses.
A ello se suman contrataciones con proveedores sancionados en Ocongate, Ollantaytambo, Machu Picchu, Kosñipata y Mollepata, con montos que van desde los S/ 2,200 hasta más de S/ 56 mil
DATO
Las entidades públicas están obligadas a verificar en el Registro Nacional de Proveedores si una persona tiene sanciones vigentes antes de contratar.
