julio 8, 2026
Cuyada cusco

Sentenciada a prisión efectiva, inhabilitación y reparación civil.

La exsecretaria de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Cusco fue condenada a tres años y cuatro meses de prisión efectiva por ofrecer dinero a su superior para favorecer la contratación de familiares. Al incumplir el pago de la caución, el PJ ordenó su captura.

Un intento de soborno ocurrido hace más de siete años terminó con una condena de prisión efectiva. La Fiscalía Anticorrupción del Cusco logró una sentencia de tres años y cuatro meses de prisión efectiva contra Marisol Torres Taipe, exservidora del Gobierno Regional del Cusco, por el delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.

La fiscal anticorrupción Gloria Soto Jara acreditó que la acusada intentó sobornar a un funcionario para conseguir la contratación de familiares en la entidad regional.

Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2019, cuando Torres Taipe se desempeñaba como secretaria de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Cusco.

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Según la investigación, la exservidora entregó una bandeja de cuyada al entonces director de Recursos Humanos. Dentro de la vianda ocultó una billetera de la marca Renzo Costa con S/ 2 mil en efectivo y una lista con los nombres de cuatro personas —entre ellas su hijo mayor y el padre de sus menores hijos— con el propósito de que fueran contratadas por la institución.

El funcionario habría rechazado el ofrecimiento y confrontado a la trabajadora, lo que terminó con su denuncia ante la Policía Nacional y el Ministerio Público

Ordenan su captura

Además de la pena privativa de libertad, el Poder Judicial impuso a Torres Taipe cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el pago de 425 días multa equivalentes a S/ 3 mil 293 y una reparación civil de S/ 3 mil a favor del Estado.

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La sentencia contemplaba que la condenada permaneciera en libertad mientras se resolvía el proceso, siempre que pagara la caución de S/ 3 mil. Sin embargo, al no cumplir con ese requisito, el juzgado revocó el beneficio y ordenó la ejecución de la pena.

Dato

El PJ declaró improcedente el pedido de la sentenciada para sustituir el pago de la caución con la entrega de un vehículo, por lo que dispuso su captura e internamiento en un penal.

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