El Órgano de Control Institucional identificó fallas en seis obras y procesos públicos durante el primer trimestre de 2026. Entre los casos más graves figuran el colapso del coliseo de Puno y pagos irregulares en mantenimiento vial.
Columnas fisuradas, estructuras colapsadas, pagos aprobados pese a trabajos inconclusos y contrataciones observadas forman parte de las irregularidades detectadas por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Puno durante el primer trimestre de 2026.
El órgano de control advierte un riesgo económico superior a los S/ 6 millones para el Estado en distintas obras y procesos públicos ejecutados por el GORE Puno.
Entre enero y marzo de este año, el OCI elaboró siete informes de control, incluyendo cuatro orientaciones de oficio, un control concurrente y dos acciones de oficio posterior, en el marco de la Directiva N.° 002-2023-CG/PREVI de la Contraloría.
Coliseo de Puno
Uno de los casos más delicados corresponde al coliseo de Puno, donde el OCI detectó serias deficiencias estructurales tras el colapso de parte de la cobertura metálica. El informe reveló que las columnas de concreto que permanecen en pie presentan fisuras que “evidencian riesgo de colapso progresivo”, comprometiendo la seguridad de trabajadores y población.
La supervisión realizada entre el 11 y el 17 de febrero de 2026 determinó que las fallas estructurales y los daños en la infraestructura generan un riesgo económico de S/ 2 millones 874 mil para el Estado.
Además, el Informe N.° 003-2026-2-0317-AOP concluyó que la instalación de estructuras metálicas ejecutadas por SIMA Perú se realizaron sin respetar el Convenio Específico N.° SP-2024-050 ni la normativa vigente.
Otro de los hallazgos de impacto económico está relacionado con el mantenimiento de la Ruta Departamental PU-111. El OCI advirtió que el supervisor de la obra otorgó conformidad total al servicio el 24 de diciembre de 2025, pese a que todavía existían partidas pendientes de ejecución por S/ 3 millones 620 mil.
Otros trabajos inconclusos
Debido a estas irregularidades, la Contraloría inició una auditoría de cumplimiento para determinar responsabilidades administrativas y posibles perjuicios económicos.
Las observaciones también alcanzan procesos de contratación pública vinculados al Programa Regional de Riego y Drenaje (PRORRIDRE).
Según el OCI, el operador del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) no estableció el plazo mínimo legal para consultas y observaciones en las Licitaciones Públicas Abreviadas N.° 2-2025 y N.° 6-2025, afectando la transparencia de ambos procesos.
En paralelo, la Contraloría alertó que el Gobierno Regional incumplió los plazos de pago al proveedor encargado del suministro de cemento asfáltico para la carretera Azángaro–Jila Purina, situación que podría derivar en demandas legales y pago de intereses en perjuicio del Estado.
Asimismo, el OCI informó que la entidad ya declaró la nulidad de oficio del proceso de licitación para adquisición de mobiliario destinado al Instituto Superior Pedagógico ISEPA, tras detectarse observaciones en el procedimiento.
Puno registra actualmente 223 obras públicas paralizadas en los tres niveles de gobierno, con una inversión comprometida superior a S/ 1,705 millones, según reportes de la Contraloría.
Cifra
Mil 200 alertas de control vinculadas a obras, contrataciones y manejo de recursos públicos registra Puno.
