Jonathan Bárcena expone cómo el sistema electoral peruano se ha transformado en un negocio marcado por financiamiento estatal, venta de candidaturas y partidos sin ideología, debilitando la representación y profundizando la crisis política.
Lic. Jonathan A. Bárcena Carpio. Periodista
En el Perú, la democracia dejó de ser una lid de ideales para convertirse en una rentable transacción comercial. Cada vez que se convoca a un proceso electoral, la proliferación de logotipos y candidatos en las cédulas de votación no responde a una efervescencia democrática ni a una madurez institucional. Por el contrario, es el síntoma de un sistema donde postular es un negocio redondo, financiado por el Estado y alimentado por las sombras de un mercado negro de curules.
El incentivo más visible es el financiamiento público directo. Las organizaciones políticas reciben millonarias sumas de dinero para una supuesta capacitación y formación de nuevos cuadros. La pregunta es: ¿dónde están esas nuevas figuras? No hay. Por el contrario, lo que sí vemos es una creciente propaganda electoral en cada proceso eleccionario, financiada con los recursos que también reciben del Estado.
Para muchos dueños de partidos —verdaderos “vientres de alquiler”—, mantener la inscripción vigente es asegurar un flujo de caja que les permite seguir operando bajo la fachada de la participación ciudadana. No importa si el plan de gobierno es un plagio o si sus cuadros técnicos son inexistentes; lo que importa es la personería jurídica, ese activo que se cotiza al alza cuando se acercan los comicios.
Sin embargo, el motor más perverso de este engranaje es el secreto a voces que recorre los pasillos de cada comité partidario: la venta de ubicaciones en las listas. Aunque las pruebas son esquivas y las transacciones se sellan en la sombra, en el país es de conocimiento general que el “número uno” tiene un precio. Aspirantes con recursos, pero sin trayectoria, compran su lugar con la esperanza de recuperar la “inversión” mediante el poder o el tráfico de influencias.
El resultado es nefasto. Tenemos políticos con los bolsillos llenos que no se cansan de postular; para ellos, perder la elección no es un fracaso, sino una etapa más de un ciclo comercial que siempre deja réditos.
Esta mercantilización de la política fragmenta el voto ciudadano de forma irreversible. Al tener una oferta electoral saturada de partidos sin ideología, la representatividad se diluye. Los gobernantes llegan al poder con porcentajes ínfimos de respaldo, carentes de la legitimidad necesaria para sostener una gestión estable.
Y cuando la legitimidad es débil, la gobernabilidad se vuelve frágil; las consecuencias las hemos visto en los últimos años. La precariedad de los partidos conduce a una crisis permanente: censuras parlamentarias, presidentes vacados, gabinetes ministeriales que duran semanas o meses y una inestabilidad que espanta la inversión y paraliza el desarrollo por la confrontación reinante.
No obstante, el problema no es únicamente normativo, sino ético y cultural. Mientras la política siga siendo percibida como una inversión rentable y no como un servicio público, el ciclo continuará repitiéndose: más partidos, más candidatos, más dinero en juego… y menos democracia real.
Mientras los dueños de los partidos sigan viendo las elecciones como una feria de puestos al mejor postor, el Perú seguirá atrapado en este círculo vicioso donde la política no sirve al pueblo, sino al enriquecimiento de quienes pretenden representarlo.
CITA
Postular ya no es vocación política, sino una inversión rentable dentro de un sistema electoral distorsionado.
DATO
Decenas de partidos compiten en cada elección, fragmentando el voto y reduciendo la legitimidad del ganador.
DATO
El financiamiento público sostiene a partidos que muchas veces no forman cuadros ni fortalecen la democracia.
