General PNP Herber Rosas investigado por la asonada del ‘Azangarazo’
Por: Zenaida Zea
Han transcurrido 15 años del ‘Azangarazo’, un conflicto antiminero que desató en rechazo a la contaminación causada por la minería ilegal en la cuenca del río Ramis, en la provincia de Azángaro, en la región Puno. La protesta del 24 de junio de 2011 dejó seis muertos y más de 60 heridos, mientras que el juicio oral contra los presuntos responsables recién comenzó en el 2024.
Los conflictos sociales más trascendentes de Puno han estado ligados a la minería y la defensa del medioambiente. En ese mismo año, mientras el ‘Aymarazo’, liderado por Walter Aduviri rechazaba el proyecto Santa Ana de Bear Creek, el ‘Azangarazo’ exigía acciones urgentes contra la minería ilegal procedente de La Rinconada, Ananea y zonas aledañas.
A diferencia del movimiento aimara, que logró la cancelación del proyecto Santa Ana, las demandas de la cuenca Ramis fueron ignoradas. Esa falta de respuesta llevó a los manifestantes a trasladar su lucha a Juliaca para hacer visible su reclamo. La protesta fue escalando, ante la negativa del gobierno de Alan García de implementar una mesa de diálogo.
El estallido
La protesta congregó a dirigentes, autoridades locales y representantes comunales de diversos distritos de la provincia de Azángaro. Tras llegar a Juliaca, los manifestantes organizaron bloqueos en puentes y principales vías de acceso, como medida de presión para exigir que su clamor sea escuchado después de varios años.
Luego de mantener sitiada la ciudad por una semana y recibir el respaldo de organizaciones civiles locales, los manifestantes intensificaron sus acciones. El 24 de junio protestaron por inmediaciones de terrenos del aeropuerto Inca Manco Cápac, en el sector de la salida hacia Cusco, desencadenándose una violenta represión policial. El personal de Ejército custodiaba el terminal aéreo, ubicado en otro extremo de Juliaca.
De acuerdo a las diligencias fiscales, la primera persona fallecida fue Antonio Campos Huaranca, quien recibió un disparo en la cabeza cuando observaba los hechos desde su casa. Durante el día perdieron la vida Edwin Félix Yrpanoca Turpo, Raúl Cancapa Huaricallo, Petronila Coa Huanca y Gregorio Huamán Mamani. Javier Perlacio Limachi falleció días después en el hospital a consecuencia de las heridas de bala.
Dilación del proceso
El abogado de la Asociación de Víctimas del 24 de Junio de 2011, Carlos Torres Rodríguez, cuestionó la lentitud con la que avanza el proceso. Explicó que desde que inició el juicio oral el 15 de julio de 2024, se ha avanzado casi en 85 %. Sin embargo, el progreso es mínimo porque las audiencias duran apenas entre 15 y 20 minutos, cuando deberían ser más extensas para agilizar la evaluación de las pruebas.
El letrado indicó que las víctimas ya presentaron todos sus medios probatorios y que ahora corresponde a los acusados sustentar su defensa. No obstante, denunció que el proceso ha sufrido constantes reprogramaciones debido a la inasistencia de más de 40 policías citados como testigos. Estas ausencias han contribuido a dilatar el juicio.
La Fiscalía ha denunciado por los delitos de homicidio calificado y lesiones leves y graves al general PNP Herber Rosas Bejarano, exjefe de la Región Policial de Puno; coronel PNP Enrique Dávila Ordoñez, exjefe de la División Policial de Juliaca; y coronel PNP Óscar Espinoza Herrera, encargado del orden interno. “Se está acusando bajo la figura de autoría mediata conforme a la estructura de mando”, precisó.
Escenario adverso
Respecto a la reciente ley impulsada por Fernando Rospigliosi para que policías y militares involucrados en delitos de lesa humanidad sean juzgados en sus respectivos fueros, Torres consideró que no tendría efectos sobre este caso, debido a que no puede aplicarse retroactivamente.
El abogado reconoce que el contexto político para la defensa de los Derechos Humanos es adverso, por ello no descarta maniobras como el amedrentamiento de la Junta Nacional de Justicia a jueces que inapliquen las leyes pro impunidad. “Todo es posible”, dijo.
Doloroso recuerdo
Ronald Huamán Huayta, presidente de la Asociación de las Víctimas del 24 de Junio de 2011, recuerda conmocionado la muerte de su padre, Gregorio Huamán. Mientras él se encontraba en Azángaro, su progenitor fue abatido por un proyectil de bala que le impactó en el ojo cuando transitaba cerca de la zona de conflicto para visitar a unos familiares.
Ronald lamenta que las seis vidas perdidas en aquella jornada no hayan servido para resolver la grave contaminación de la cuenca del río Ramis. Señala que este problema sigue afectando la salud de las personas, el ganado y la economía en los distritos de Asillo, Azángaro, San Antón, Progreso, Potoni, entre otros. Además de la falta de soluciones ambientales, denuncia la indiferencia de las autoridades frente a las víctimas. “El hecho de que haya costado vidas, debería tener mayor relevancia para las autoridades”, afirma. También exige al Poder Judicial acelerar el proceso.
José Quispe Pilco narró el instante en que perdió a su esposa, Petronila Coa Huanca, cuando cerca de las 4:00 de la tarde de ese día, una bala atravesó sus sienes. “Yo estaba en San Antón y estaba llamando a su celular, pero me contestó otra persona diciendo que la estaban llevando al hospital y que murió en el trayecto”, relató con la voz quebrada.
La tragedia también marcó a su hijo José Listher Quispe Coa, quien tenía apenas seis años cuando quedó huérfano junto a su hermano de nueve. «Mi mamá me dejó en donde mis abuelitos. Voy a salir un rato, me dijo, pero yo no quería que me deje”, recordó con profunda tristeza.
Comenta que sin comprender la magnitud de la tragedia, encendió la radio y se asustó. “Estaba buscando las noticias y ahí escuché el nombre de mi mamá, aunque no entendía nada. Me llevaron a la casa de mis tíos, pero no me decían qué pasó. En el velorio recién me enteré que mi mamá había muerto”, narró, evocando el recuerdo más doloroso de su vida.
Al cumplirse 15 años de esta fatídica fecha, el 23 de junio los miembros de este colectivo y su defensa realizaron una vigila en la puerta del templo La Merced de Juliaca. Al día siguiente hicieron un plantón fuera del Poder Judicial para exigir que no se siga dilatando el proceso.
Cifra
40 policías decidieron no asistir al juicio provocando reprogramaciones en un caso complejo que dejó el lamentable saldo de seis víctimas mortales.
