Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos el 19 de septiembre mientras realizaba actividades proselitistas en Caraz.
Lic. Jonathan A. Barcena Carpio. Periodista
El asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, no puede ser reducido a una noticia policial más. “La China Polo” fue asesinada a balazos el 19 de septiembre, mientras realizaba actividades proselitistas en Caraz. El ataque dejó además cinco personas heridas. Días antes, la propia comunicadora había denunciado públicamente amenazas contra su vida.
Lo ocurrido revela algo mucho más grave que la existencia de sicarios con armas de fuego: el Perú está normalizando la violencia como mecanismo para resolver aquello que debería discutirse mediante ideas, instituciones, justicia y democracia.
El problema no empieza con el disparo. Empieza mucho antes: cuando la discrepancia se transforma en odio; cuando la crítica se interpreta como una ofensa personal; cuando denunciar corrupción convierte al periodista en enemigo; cuando una amenaza deja de provocar indignación y pasa a formar parte del paisaje cotidiano. Y termina cuando el miedo consigue aquello que ninguna ley debería permitir: silenciar una voz.
El asesinato de Aponte ocurre, además, en un contexto particularmente preocupante para la prensa peruana. Durante 2025, la Asociación Nacional de Periodistas registró 458 ataques contra periodistas y cuatro comunicadores asesinados, todos fuera de Lima. La organización advirtió que las víctimas desarrollaban coberturas relacionadas con denuncias locales, corrupción y actividades ilícitas. Con Aponte, son cinco periodistas asesinados en este periodo reciente.
Cinco vidas no son una estadística. Son cinco familias, cinco historias profesionales y cinco voces que dejaron de informar. Pero también son una advertencia: cuando asesinar a un periodista comienza a ser una posibilidad asumida dentro del ejercicio de la profesión, la democracia ya está siendo atacada.
La tragedia de Caraz tiene, además, una dimensión política ineludible. Aponte no solamente ejercía el periodismo: era candidata en un proceso electoral. La Defensoría del Pueblo advirtió que la violencia contra candidatos constituye una amenaza para la legitimidad y el normal desarrollo de los comicios, y exigió medidas urgentes de protección.
Aquí está el verdadero peligro. Si la política deja de ser el territorio de la confrontación de propuestas y se convierte en un escenario donde las amenazas, las balas y el miedo condicionan quién puede participar, la ciudadanía pierde antes incluso de acudir a las urnas.
El Perú necesita recuperar algo elemental: la capacidad de disentir sin destruir al adversario. La libertad de expresión no significa solamente tolerar aquello con lo que coincidimos. Significa garantizar que incluso la voz incómoda, crítica o molesta pueda existir sin convertirse en objetivo de una bala.
Por eso, el asesinato de Susy Aponte Polo no puede terminar con una ceremonia, un comunicado de condolencias y algunos titulares durante unos días. Exige una investigación rigurosa que determine no solo quién disparó, sino quién ordenó, quién financió y qué intereses pudieron estar detrás del crimen, sin anticipar responsabilidades antes de que las investigaciones las establezcan.
Una sociedad que se acostumbra a enterrar periodistas termina enterrando también su propia libertad. Y el Perú ya enterró demasiadas voces.
CITA
“El problema no empieza con el disparo. Empieza mucho antes: cuando la discrepancia se transforma en odio”
DATO
La Asociación Nacional de Periodistas registró 458 ataques contra periodistas durante 2025, según el texto.
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