La alerta ambiental se instaló en Pampa Blanca, distrito de Ananea, Puno, luego del colapso de una poza de relaves registrado el sábado 22 de agosto. El incidente provocó el desborde de material que alcanzó plataformas operativas y generó preocupación por una posible afectación de bofedales, fuentes de agua y otros componentes del ecosistema de esta zona minera de la provincia de San Antonio de Putina.
El componente afectado corresponde a la unidad minera AFC-20, vinculada a la Central de Cooperativas Mineras San Antonio de Poto (CECOMSAP). Sin embargo, la cooperativa rechazó ser responsable del incidente y sostuvo que operadores informales en proceso de formalización mediante el REINFO que, según su versión, realizan actividades independientes dentro de la concesión.
Entre los nombres mencionados por la cooperativa figura Andrés Calsina Quilla. CECOMSAP sostiene que el empozamiento y desplazamiento de lodos se habría producido por las prácticas de estos operadores.
La versión de CECOMSAP se contrapone con una denuncia administrativa presentada ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno. Según la información difundida, NEW COMPANY CASMIN E.I.R.L., registrada en el REINFO en la misma concesión, solicitó el 24 de agosto que se constate una presunta contaminación ambiental y se disponga la paralización de actividades que atribuye a CECOMSAP.
Denuncia de comuneros
Los comuneros de Pampa Blanca cuestionaron la respuesta nula de las autoridades y pidieron la intervención de la Dirección Regional de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, el OEFA, Osinergmin y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. El objetivo es establecer las fallas en las medidas de contención, incumplimientos ambientales o alguna otra irregularidad.
La preocupación por el agua no es nueva en esta zona. Documentos de la Autoridad Nacional del Agua registran antecedentes de actuaciones relacionadas con actividades mineras en la concesión AFC-20. En un expediente, la autoridad señaló una infracción calificada como muy grave vinculada al uso de agua para fines mineros en la zona de Pampa Blanca.
El caso cobra mayor relevancia porque Pampa Blanca forma parte de la cuenca alta del río Ramis, un territorio donde la actividad minera y sus impactos ambientales han generado conflictos durante años. La Defensoría del Pueblo incluso ha registrado demandas de pobladores de la cuenca relacionadas con la contaminación y la necesidad de controlar las actividades mineras informales.
Mientras se esperan las inspecciones correspondientes, las autoridades deberán determinar si el material desbordado representa un riesgo efectivo para el recurso hídrico y las comunidades cercanas, así como establecer responsabilidades sobre el mantenimiento y estabilidad de las estructuras de contención.
Dato
Un informe de la Autoridad Nacional del Agua registró que en una inspección de 2017 se identificó una infracción en Pampa Blanca, multando hasta por 50 UIT.
