El caso de tres integrantes del Grupo Terna enviados a prisión preventiva por el presunto robo de S/10 mil en una vivienda de Juliaca volvió a colocar bajo cuestionamiento a la Policía en Puno. No es un episodio aislado. Durante 2026, Al menos 79 policías aparecen comprendidos en siete casos conocidos durante 2026.
El propio jefe de la Región Policial de Puno, general PNP Jorge Tomás Guardia Riveros, reconoció que durante el último año se registraron hasta «siete casos” de policías implicados en delitos. Sin embargo, descartó una reorganización general y señaló que el comando realiza cambios de personal, relevos y filtros de antecedentes de manera permanente.
El año comenzó con policías presos
Uno de los primeros casos que llegó a los tribunales este año ocurrió en Desaguadero. El 2 de enero, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra tres suboficiales investigados por el hurto agravado de un vehículo. Aunque la sustracción ocurrió el 25 de diciembre de 2025, el proceso y las medidas judiciales se desarrollaron al iniciar 2026.
La Fiscalía sostiene que los agentes habrían verificado previamente el vehículo y facilitado su sustracción a un tercero. Uno recibió nueve meses de prisión preventiva y los otros dos, seis meses.
Dos meses después apareció un caso de mayor dimensión. En marzo, la Fiscalía Anticorrupción y la Diviac intervinieron a 11 policías como parte de una investigación contra una presunta organización que facilitaba el traslado de mercadería de contrabando desde Bolivia hacia Juliaca.
La investigación llegó a comprender a 62 efectivos de diferentes unidades, según reportes posteriores. La tesis fiscal señala que se habrían realizado cobros de entre S/30 y S/300 para permitir el paso de vehículos con mercancía ilegal. Ocho investigados recibieron 24 meses de prisión preventiva.
Papeletas borradas y coimas
En abril surgió otro expediente que involucró a funcionarios municipales y policías. El denominado caso “Los Mandachitos de la Corrupción” investiga una presunta red que habría cobrado dinero para eliminar o alterar papeletas de tránsito y facilitar la liberación irregular de vehículos.
En mayo, seis investigados recibieron 36 meses de prisión preventiva, entre ellos el policía José Rolando Vilca Rivas, encargado de la recepción de papeletas. La investigación también atribuye a otra suboficial una presunta intermediación para cobrar S/3 mil y evitar que una infracción por conducir en estado de ebriedad fuera registrada.
El cuarto caso tuvo consecuencias más graves. En julio, cuatro policías de la comisaría de Santa Bárbara, en Juliaca, fueron investigados por la muerte de José Huanchi Quispe, de 24 años, quien había sido detenido y quedó bajo custodia policial.
La Fiscalía les atribuyó el presunto delito de tortura agravada. Finalmente, dos de los agentes recibieron nueve meses de prisión preventiva mientras continúa la investigación para determinar cómo se produjeron las lesiones que provocaron la muerte del joven.
Coimas en La Rinconada y dólares en Juliaca
En agosto, dos policías de la comisaría de La Rinconada fueron detenidos tras ser acusados de exigir S/1.000 a tres intervenidos para dejarlos en libertad. Según la denuncia, las víctimas llegaron a transferir S/500 mediante Yape y un teléfono celular habría quedado como garantía del saldo.
Uno de los agentes recibió posteriormente nueve meses de prisión preventiva, mientras otro se acogió a terminación anticipada y recibió una condena suspendida.
Menos de un mes después, otra intervención policial en Juliaca terminó en una investigación por cohecho. Una joven de 18 años que transportaba US$60 mil denunció que tres policías la subieron a un patrullero bajo el argumento de realizar un control de identidad y le exigieron entregar parte del dinero para no involucrarla en una investigación por lavado de activos.
El alférez Sebastián Romero Sánchez recibió nueve meses de prisión preventiva. Otros dos policías también fueron comprendidos en la investigación.
Grupo Terna vuelve a quedar bajo investigación
El séptimo episodio ocurrió el 3 de octubre. Tres integrantes del Grupo Terna y un civil son investigados por un supuesto falso operativo en una vivienda de la urbanización Santa Adriana, en Juliaca.
La Fiscalía sostiene que los policías utilizaron prendas, armas y vehículos institucionales para ingresar al inmueble y apoderarse de S/10 mil. Vecinos reaccionaron y retuvieron a los sospechosos hasta la llegada de las autoridades. El Poder Judicial posteriormente ordenó nueve meses de prisión preventiva contra los tres agentes y el civil.
Tras este último caso, Guardia Riveros informó que los policías involucrados fueron suspendidos mientras continúan las investigaciones de Inspectoría y del Ministerio Público. También aseguró que desde hace varias semanas las dependencias policiales exhiben canales para denunciar hechos de corrupción.
El general reconoció que estos episodios afectan la imagen institucional, pero sostuvo que una reorganización completa no está contemplada. Según indicó, las rotaciones y evaluaciones de personal continuarán mientras se determinen responsabilidades en cada expediente.
Dato
La investigación sobre una presunta red vinculada al contrabando concentra la mayor cantidad de efectivos comprendidos, con 62 policías. Ocho investigados recibieron 24 meses de prisión preventiva, según los reportes del caso.
Sobre el autor
