La Fiscalía Suprema de Familia, que abrió una investigación preliminar.
El caso del diputado cusqueño Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú, continúa generando repercusiones. Esta vez, el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco (ICAC) anunció que asumirá institucionalmente la defensa legal de la presunta agraviada, identificada con las iniciales L.B.V., al considerar que ninguna autoridad o representante político puede tener privilegios frente a la ley.
La decisión fue oficializada mediante un comunicado, en el que la orden profesional informó que brindará una defensa técnica especializada a la denunciante y exhortó al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Congreso de la República a actuar con celeridad y firmeza frente a los hechos denunciados.
Asimismo, reiteró su rechazo a toda forma de violencia contra la mujer y recordó que quienes ejercen cargos públicos deben mantener una conducta acorde con la responsabilidad de sus funciones.
La denuncia y la intervención policial
Los hechos que hoy investiga la Fiscalía ocurrieron la mañana del 30 de julio, en una vivienda del distrito limeño de San Miguel, donde reside la denunciante. Según el parte policial, el legislador llegó al inmueble para recoger algunas pertenencias, pero terminó ingresando al dormitorio de su expareja luego de un altercado con el padre de esta.
De acuerdo con la denuncia, Pérez Mallqui reclamó de manera agresiva por llamadas telefónicas no respondidas, profirió insultos y realizó un ademán de agresión. La mujer solicitó auxilio a la Policía Nacional, cuyos agentes acudieron al lugar y trasladaron a ambas partes a la comisaría de San Miguel.
Durante las diligencias policiales, la denunciante afirmó haber sido nuevamente agredida dentro de la propia dependencia policial. Esa situación motivó que el parlamentario permaneciera intervenido mientras se realizaban las primeras actuaciones fiscales y médico-legales.
Fiscalía abrió investigación preliminar
Por tratarse de un diputado en funciones, el expediente fue remitido a la Fiscalía Suprema de Familia, que abrió una investigación preliminar por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.
Entre las diligencias ordenadas figuran la declaración del legislador, el testimonio de la presunta víctima, la recopilación de antecedentes judiciales, penales y policiales del investigado, así como la remisión del caso al Juzgado de Familia para evaluar la adopción de medidas de protección.
Aunque el congresista recuperó su libertad al vencerse el plazo legal de detención, la investigación fue ampliada por 60 días y continuará bajo la conducción del Ministerio Público.
Un legislador con antecedentes judiciales
La nueva denuncia también ha reavivado el debate sobre los antecedentes judiciales del legislador cusqueño.
De acuerdo con registros revisados durante el proceso electoral, Julián Pérez llegó al Congreso pese a registrar antecedentes por lesiones culposas, falsa declaración en proceso administrativo y casos vinculados con violencia familiar. Todas fueron consignadas en su Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Entre esos antecedentes destaca el casó ocurridó en febrero de 2024, cuando fue sentenciado por lesiones culposas tras atropellar a una menor de siete años y a su madre en Pichari, Cusco. El Poder Judicial le impuso una condena de prisión suspendida y ordenó el pago de S/80.000 por concepto de reparación civil.
Nuevas evidencias y reacción política
En los últimos días también se difundieron videos de cámaras de seguridad, conversaciones por mensajes y audios incorporados a la investigación, los cuales son evaluados por la Fiscalía como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido. La denunciante sostiene que los hechos no corresponden a un episodio aislado, mientras que el diputado ha negado haber cometido agresiones y asegura que colaborará con las investigaciones.
A raíz de estas revelaciones, la bancada de Juntos por el Perú solicitó iniciar un procedimiento disciplinario interno y evaluar la suspensión preventiva del parlamentario mientras avanzan las investigaciones.
Dato
El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco sostuvo que asumirá la defensa de la presunta agraviada porque el acceso a la justicia «no puede verse limitado por la condición política o la investidura del investigado», reafirmando que ningún cargo público constituye un privilegio frente a la ley.
