Lic. Jonathan A. Barcena Carpio. Periodista
Cada vez que un turista llega al Perú, deposita en nuestro país algo más valioso que su dinero: su confianza. Confía en que el avión que abordará es seguro, en que las empresas autorizadas cumplen con los estándares internacionales y en que el Estado supervisa con rigor una actividad donde un error puede costar vidas. La tragedia ocurrida en Nasca, con la caída de una avioneta que transportaba turistas extranjeros, demuestra que esa confianza vuelve a estar en entredicho.
Como suele ocurrir después de cada accidente, las autoridades anuncian investigaciones, revisiones y eventuales sanciones. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿por qué el Estado actúa después de la tragedia y no antes de que ocurra? La prevención parece ser una promesa permanente y una realidad ausente.
El Perú convirtió al turismo en una de sus principales cartas de presentación ante el mundo. Machu Picchu, las Líneas de Nasca, el Colca y decenas de destinos atraen cada año a millones de visitantes. Pero, mientras invertimos millones en promocionar nuestras maravillas, ¿estamos invirtiendo lo suficiente en garantizar que quienes las visitan regresen sanos y salvos a sus hogares?
No es la primera vez que sucede un evento de tamaña tragedia. Ya en Arequipa hay un ángel que guía los pasos de los turistas: Ciro Castillo-Rojo Salas se llamaba. El problema de señalización del sendero que recorría fue una de las causas de su desaparición y posterior muerte.
En ese sentido, la fiscalización no puede reducirse a un sello en un documento ni a una inspección anunciada con anticipación. Debe ser técnica, permanente e independiente. Y aquí surge un cuestionamiento inevitable: ¿las empresas que prestan servicios turísticos cumplen realmente todas las exigencias o algunas continúan operando gracias a la excesiva permisividad del sistema?
La respuesta deberá ofrecerla la investigación oficial, pero la sospecha ciudadana sobre posibles actos de corrupción o controles deficientes no nace de la imaginación; es consecuencia de años de escándalos donde las normas muchas veces cedieron frente a intereses particulares.
Lo más preocupante es que estas tragedias no solo enlutan familias. También deterioran la imagen internacional del Perú. En cuestión de minutos, fotografías, videos y titulares recorren el mundo. El mensaje que reciben los potenciales visitantes no distingue entre una empresa y otra, entre una región y otra. Para ellos, el accidente ocurrió en el Perú. Y cuando un país pierde credibilidad en materia de seguridad turística, recuperar esa confianza puede tomar años.
No se trata de encontrar culpables apresuradamente, sino de asumir responsabilidades institucionales. Si las inspecciones fueron insuficientes, alguien falló. Si existieron advertencias que no fueron atendidas, alguien las ignoró. Y si se demuestra que hubo negligencia o corrupción, las sanciones deben ser ejemplares. La impunidad también mata, porque abre la puerta para que la siguiente tragedia vuelva a repetirse.
