
Es en la obra de interconexión entre las avenidas Hartley y Pizarro.
Antes de ser vacado del cargo, el exalcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, dejó un proyecto millonario en manos de una empresa fraudulenta. Se trata de la obra «Creación del servicio de movilidad urbana en la interconexión vial entre la Avenida Hartley y la Avenida Pizarro”, valorizada en S/ 22 millones 630 mil 402 y adjudicada al Consorcio Vial Paucarpata, que maquilló la experiencia de sus profesionales.
Según la Controlaría, a través del Informe de Oficio Posterior N° 022-2026-OCI/0353-AOP, el postor en mención ganó el 14 de enero de 2026 la Licitación Pública de Obras N° 005-2025-MPA y firmó el contrato el 30 de enero. No obstante, se advierte que presentó al menos tres certificados de trabajo con inconsistencias e información inexacta.
El primer caso corresponde al ingeniero José Villanueva Alayo, propuesto como especialista en Ingeniería Estructural. Su experiencia fue avalada por la empresa JMV Ingenieros SAC. que, según SUNAT, se encuentra de baja de oficio desde octubre de 2024 y mantiene deuda coactiva. Además, ninguna de las tres entidades contratantes de los proyectos citados en el certificado pudo confirmar su participación real en dichos expedientes técnicos.
Por otro lado, el certificado del especialista en Diseño Geométrico de Vías, Antero Mondragón Zamora, asegura que el profesional trabajó como supervisor de obra desde diciembre de 2017, pero la empresa AKC Constructora e Inmobiliaria SAC. que emitió ese documento recién se constituyó e inició actividades en junio y julio de 2018, respectivamente.
El tercer profesional cuestionado es el especialista en Costos y Presupuestos, Kevin Moreno Domínguez. Según la Contraloría presentó un certificado que acreditó su supuesta participación en un expediente técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Moche. Sin embargo, la propia comuna informó a la unidad contralora que dicho expediente fue aprobado antes del periodo que se pretendía acreditar como experiencia.
DATO
La Contraloría advirtió que estos hechos podrían configurar un ilícito penal.






