El Poder Judicial incorporó a los herederos del fallecido exgobernador regional Tito Chocano Olivera al proceso civil del caso PET, vinculado al pago de casi S/ 4 millones a la empresa C&C tras un arbitraje derivado de la compra de camionetas para el Proyecto Especial Tacna.
La disputa judicial relacionada con el denominado caso PET volvió a tomar relevancia luego de que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tacna ordenara incorporar a los herederos del fallecido exgobernador regional Tito Guillermo Chocano Olivera dentro del proceso seguido por presuntas irregularidades en el pago de un laudo arbitral a favor de la empresa C&C S.A.C.
La medida fue admitida tras un pedido de la Procuraduría Pública Anticorrupción, que busca asegurar una eventual reparación civil a favor del Estado pese a que la acción penal contra el exfuncionario quedó extinguida tras su fallecimiento en agosto de 2022.
La resolución judicial comprende a seis integrantes de su entorno familiar: María Teresa Rabanal de Chocano, Tito Guillermo Chocano Rabanal —actual director de la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y COER del Gobierno Regional de Tacna—, Liliana del Carmen Chocano Rabanal, Guillermo Jesús Chocano Rossi, Diego Igor Chocano Rosi y Juan Nicolás Chocano Santa Cruz.
El origen del caso PET
La investigación se originó a partir de la contratación realizada en 2009 por el Proyecto Especial Tacna (PET) para adquirir cinco camionetas 4×4 doble cabina mediante el contrato N.° 084-2009-GRT-PET suscrito con la empresa C&C S.A.C.
Posteriormente, el PET aplicó penalidades a la empresa argumentando retrasos en la entrega de las unidades y observaciones técnicas. Sin embargo, la controversia escaló hasta un arbitraje iniciado en 2010, donde la empresa privada reclamó perjuicios económicos y afectación a su imagen comercial.
Finalmente, el tribunal arbitral emitió un laudo ordenando al PET pagar S/ 3 millones 977 mil 958 a favor de la empresa.
No obstante, el eje central de la investigación fiscal no estuvo relacionado únicamente con la compra de las camionetas, sino principalmente con la forma en que se aprobó y ejecutó el pago del laudo arbitral durante la gestión regional encabezada por Tito Chocano.
Presunto favorecimiento
Según la tesis del Ministerio Público, funcionarios del Gobierno Regional de Tacna y del PET habrían coordinado acciones para acelerar el desembolso millonario utilizando recursos provenientes del canon minero que estaban destinados inicialmente a proyectos públicos.
La Fiscalía sostuvo además que durante el proceso se habrían elaborado actas con acuerdos distintos bajo una misma numeración dentro del directorio del PET, situación que habría permitido viabilizar el pago inmediato del laudo arbitral fuera de los procedimientos ordinarios previstos para este tipo de obligaciones.
Por estos hechos, Tito Chocano y otros exfuncionarios fueron procesados por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
En enero de 2020, el exgobernador regional fue condenado en primera instancia a tres años y seis meses de prisión suspendida, además del pago solidario de una reparación civil superior a S/ 7.9 millones.
Sin embargo, en 2021 la Sala Superior de Justicia de Tacna anuló dicha sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio oral al advertir observaciones en el desarrollo del proceso.
Situación actual
Tras el fallecimiento de Tito Chocano en 2022, las defensas de algunos investigados solicitaron el archivamiento del caso alegando prescripción de los hechos a raíz de cambios normativos sobre los plazos procesales.
No obstante, en 2023 la Corte Superior de Tacna revocó esa decisión y dispuso que el proceso continúe al considerar que los hechos investigados sí habrían ocasionado afectación económica al Estado.
Actualmente, el juicio sigue vigente respecto a los demás implicados y, en paralelo, continuará también en el ámbito de la responsabilidad civil hereditaria luego de que el juzgado declarara fundada la sucesión procesal solicitada por la Procuraduría Anticorrupción.
Con esta decisión, los herederos del exgobernador pasarán a integrar el proceso únicamente respecto a una eventual reparación económica, lo que incluso podría permitir solicitar medidas cautelares sobre bienes y propiedades vinculadas a la sucesión de Tito Chocano Olivera.
Dato
El laudo arbitral que originó el caso PET fue emitido en 2012 y estableció el pago de casi S/ 4 millones a favor de la empresa C&C S.A.C., pese a que el contrato inicial correspondía únicamente a la compra de cinco camionetas para el Proyecto Especial Tacna.
