Un inspector de SUNAFIL fue condenado a cinco años de prisión suspendida tras comprobarse que solicitó S/ 5,000 a una empresa para anular una multa en Puno. El caso se resolvió mediante terminación anticipada tras la aceptación de los cargos.
El Poder Judicial dictó cinco años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, contra Pedro Toledo C., inspector de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función pública.
La condena fue obtenida por la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Puno, a cargo del fiscal William Otazú Pinto, mediante el mecanismo de terminación anticipada. Esta figura legal permite concluir el proceso penal cuando el imputado reconoce los cargos, bajo control del juzgado correspondiente.
De acuerdo con la investigación fiscal, el inspector laboral solicitó dinero a representantes de la empresa CETRAMINP a cambio de evitar la imposición de una sanción administrativa derivada de una inspección realizada en abril de 2026. Inicialmente, el funcionario habría pedido S/ 6,000; sin embargo, el monto fue reducido a S/ 5,000 tras coordinaciones con personal de la empresa.
Los hechos acreditados configuran el delito de cohecho pasivo propio, que sanciona a los funcionarios públicos que solicitan o reciben beneficios económicos a cambio de realizar u omitir actos contrarios a sus funciones.
Como parte del fallo, el inspector deberá cumplir un periodo de prueba sujeto a reglas de conducta, además de quedar impedido de ejercer funciones públicas durante el plazo establecido por la autoridad judicial. Se dispuso el pago de reparación civil a favor del Estado, considerado como la parte agraviada en este caso.
Cabe precisar que la Fiscalía también evaluó solicitar prisión preventiva contra el investigado; sin embargo, el caso se resolvió mediante la aceptación de cargos.
Dato
El cohecho pasivo propio sanciona a los funcionarios que solicitan o reciben beneficios indebidos y puede implicar penas de hasta 8 años de prisión e inhabilitación para ejercer función pública.
