El defensor del Pueblo anunció una demanda contra la ley de control de combustibles por generar desabastecimiento en Madre de Dios. Propone reactivar la planta de Petroperú en Puerto Maldonado para asegurar suministro y evitar mayor impacto económico.
El problema del desabastecimiento de combustible en Madre de Dios ha escalado a nivel nacional. El defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la normativa vigente, al considerar que está afectando gravemente la economía regional.
Durante una reunión con empresarios del transporte, productores de castaña, representantes del sector turismo, agricultores y dirigentes de actividades extractivas de Madre de Dios; Gutiérrez sostuvo que la actual regulación —Ley que establece medidas de control y de fiscalización en la distribución, el transporte y la comercialización de insumos químicos susceptibles de uso en la actividad minera y en la minería ilegal— no ha cumplido su objetivo y, por el contrario, ha generado efectos negativos.
“Su impacto ha sido débil, deficiente y casi inaplicable, y ha terminado empobreciendo a Madre de Dios”, afirmó.
Según explicó, el desabastecimiento de combustible afecta a sectores clave como el turismo, agricultura, ganadería, transporte y pesca. Estas actividades, que sostienen la economía regional, se han ralentizado e incluso paralizado por la falta de suministro, generando preocupación entre empresarios y ciudadanos.
Para el defensor, el problema no solo radica en el precio del combustible, sino en la falta de disponibilidad constante en la región.
Frente a este escenario, Gutiérrez anunció que la Defensoría del Pueblo solicitará que la norma sea retirada del ordenamiento jurídico por ser incompatible con la Constitución.
La acción busca abrir paso a una nueva regulación que permita equilibrar el control del combustible —vinculado a la lucha contra la minería ilegal— sin afectar la actividad productiva.
Dato
La demanda de inconstitucionalidad es una acción legal que se presenta ante el Tribunal Constitucional para cuestionar una ley que contraviene la Constitución. Si es declarada fundada, la norma queda sin efecto.
