Funcionarios de Juliaca están involucrados en grave caso de corrupción por papeletas.
La extensa investigación que desarrolló la Fiscalía Anticorrupción en Puno sobre el escandaloso caso que envuelve a funcionarios de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, sospechosos de cobrar coimas a chóferes infractores para que no pierdan sus licencias o no sean sancionados, gira en torno a tres puntos: los roles de la presunta red criminal, el catálogo de conductores beneficiados y, finalmente, las técnicas de investigación que permitieron al Ministerio Público y a la Policía Nacional desmantelar a «Los Burros de la Corrupción».
La caída de esta red no fue casualidad, sino el resultado de infiltraciones, escuchas telefónicas y seguimientos meticulosos que captaron a los funcionarios en plena negociación ilícita. Precisamente, estos procedimientos permitieron captar una frase que revelaría que la finalidad de algunos deshonestos funcionarios era acceder a recursos económicos ilícitamente obtenidos. De ese modo, habrían incurrido en los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio.
Agente encubierto
Uno de los golpes más contundentes a la presunta red criminal ocurrió el 17 de diciembre de 2024. Un agente de la policía, operando bajo una identidad supuesta, ingresó a las oficinas de la Gerencia de Transportes simulando ser un infractor desesperado con una papeleta muy grave.
El agente logró contactar directamente con el subgerente de Circulación, Seguridad Vial e Inspección, Edwerson William Pacori Paricahua, quien, lejos de ejercer su función fiscalizadora, le propuso una solución indebida. Según la investigación, Pacori ofreció omitir o alterar el registro de la sanción en el sistema nacional a cambio de un “donativo” de mil 500 soles. Este evento quedó perennizado como una prueba directa del delito de cohecho pasivo propio.
La frase que los hundió
La vigilancia no se limitó a las oficinas. El 9 de octubre de 2024, la técnica de videovigilancia y audio (OVISE) captó una escena reveladora frente a la Subgerencia de Circulación. Un abogado tramitador, quien al parecer era Alex Carlos Álvarez Condori, entabló conversación con un chofer a quien le explicó que había dos vías para resolver sus problemas luego de, aparentemente, ser sancionado por la Policía de Tránsito: la legal (que tardaría por lo menos tres meses) o la «directa». Inmediatamente le explicó que un funcionario lo podría ayudar a anular la papeleta a cambio de 3 mil soles.
En ese instante, el subgerente Pacori, que caminaba por el lugar, fue abordado por el abogado y ante el pedido de «ayuda», el funcionario no tuvo mejor idea que responde con una frialdad que quedó registrada en los audios de la Policía: «Yo no ayudo, yo cobro». El abogado aseguró rapidez en el trámite dado que el mismo funcionario era quien subía la información de las papeletas al sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Secreto de las comunicaciones
La red criminal utilizaba lo que la justicia denomina una «dualidad operativa»: mezclaban actos administrativos lícitos con delictivos para mantener un perfil bajo. Sin embargo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones permitió descifrar sus coordinaciones reales.
En las interceptaciones telefónicas, los investigados utilizaban frases para referirse a sus actividades ilícitas sin levantar sospechas inmediatas. Por ejemplo «limpiar el sistema» haciendo referencia a la alteración de datos en el Sistema Nacional de Sanciones del MTC para que las multas M1 o M2 desaparecieran.
También hacían coordinaciones directas entre tramitadores y el jefe de Liberaciones, Alberth Dany Aguirre Carbajal, para entregar vehículos sin el pago respectivos.
La investigación determinó que además de utilizar la Gerencia de Transportes, los sospechosos, al parecer, también realizaban sus reuniones en establecimientos comerciales del primer nivel del Terminal Terrestre de Juliaca y en puntos de contacto en la vía pública.
También se habría detectado la sustracción de documentos. En este punto estaría involucrada una secretaria, quien aparentemente fue captada saliendo del terminal con fólderes que, todo apunta, terminaban en la vivienda del subgerente Edwerson Pacori, quedando fuera de todo control.
Con estas evidencias, fue que el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno el allanamiento y detención de los diez involucrados en este caso, entre ellos el alcalde provincial de San Román – Juliaca, Óscar Cáceres Rodríguez; sin embargo, el Poder Judicial sólo dispuso la captura de seis de los sospechosos, entre ellos Edwrson Pacori. Con esta medida, las autoridades buscan evitar que los involucrados, ahora que se saben descubiertos, fuguen o destruyan posibles pruebas en los sistemas informáticos.
Dato
Durante las diligencias solo fueron detenidos tres implicados (Yony Apaza, Alberth Aguirre, Jhordan Tintaya) mientras que otros lograron fugar (Eber Portada, Hardy Quispe y Edwerson Pacori).
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