Tres órdenes de servicio y S/ 66 mil en poco más de un año. Ese es el vínculo contractual que mantiene Ysmael Aurelio Ortiz Flores con la Municipalidad Distrital de Yarabamba, durante la gestión del alcalde José Luis Luna Zapana. El detalle es que, según la consulta al Registro Nacional de Proveedores (RNP), su inscripción como proveedor de bienes y servicios aparece recién desde hace apenas unas horas: viernes 2 de octubre de 2026.
La primera contratación se produjo el 6 de mayo de 2025, cuando la municipalidad emitió una orden de servicio por S/ 20 mil para la “contratación de servicio de asesoría externa para el despacho de alcaldía”. Lo requirieron a pesar de que no estaba habilitado a nivel del Organismo Especializado de Contestaciones con el Estado (OSCE).
Cuatro meses después, el 19 de septiembre, volvió a ser contratado por otros S/ 20 mil bajo los mismos términos de referencia. Finalmente, la tercera orden llegó el 7 de mayo de 2026 por S/ 26 mil. Esta vez el objeto fue el “servicio de asesoramiento para el control, supervisión y gestión de actividades administrativas”.
Con esta última contratación, el monto acumulado a su favor alcanzó los S/ 66 mil. Además según la información revisada por Evidencia.pe, sus antecedentes como proveedor estatal se concentran exclusivamente en Yarabamba, dado que no brindó servicios en otras instituciones públicas bajo esta modalidad, aunque sí fue funcionario público.
La contratación del mencionado fue completamente irregular. Y es que el RNP no es un trámite decorativo dentro de las contrataciones públicas. El propio Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) establece que, para actuar como participante, postor, contratista o subcontratista del Estado, se requiere contar con inscripción vigente.
El especialista en derecho municipal y decano del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA), Jorge Sumari Buendía, sostuvo que la contratación de un proveedor sin este requisito puede interpretarse como un direccionamiento y generar consecuencias administrativas y legales para el proveedor, así como los funcionarios que intervienen en el procedimiento.
En este caso, el contrato sería nulo de pleno derecho y, por consiguiente, Ortiz Flores tendría que devolver el íntegro de sus honorarios que percibió de la comuna. A esto se suma que, el Tribunal del OECE está obligado a iniciar un procedimiento sancionador que puede derivar en una inhabilitación temporal, definitiva y multas económicas.
Finalmente, tanto él como el funcionario que aprobó la contratación habrían incurrido en responsabilidad administrativa por negligencia o favorecimiento indebido. Jorge Sumari sostuvo que la Contraloría tendría que iniciar una investigación de oficio para determinar responsabilidades producto de esta contratación.
El mencionado, además, fue uno de los exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) investigados en el caso conocido como “Los Elegantes”, una presunto organización criminal que se beneficiaba de cobros irregulares a conductores intervenidos a cambio de anular papeletas y devolver licencias de conducir. Su nombre aparece entre los 22 detenidos del operativo realizado en noviembre de 2020.
En aquella investigación, el Poder Judicial no ordenó su prisión preventiva, sino comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/ 15 mil. Aunque el Poder Judicial consideró que existían elementos de convicción que lo vinculaban con los hechos investigados, la Fiscalía no acreditó adecuadamente sus arraigos.
En 2020, el fiscal anticorrupción Arturo Valencia Paiva solicitó una pena de 6 años y 8 meses de prisión en su contra.
Ysmael Ortiz Flores tendría que devolver todo lo que se embolsilló porque sus contrataciones se consideran nulas de pleno derecho.
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