Alcalde guarda silencio.
En Yarabamba, las malas prácticas no desaparecen. Esta vez, el alcalde y candidato a la reelección por el movimiento regional Fuerza Arequipeña, José Luis Luna Zapana, es acusado de haber condicionado a sus subordinados de la comuna a adquirir tarjetas de polladas para recaudar fondos destinados a financiar su campaña política.
La actividad de “confraternidad” —promocionada mediante un flyer con la imagen del burgomaestre, el logotipo de su agrupación y el lema “Yarabamba no debe parar, las obras deben continuar”— se realizó el viernes 31 de julio, desde las 2:00 p. m., en el local partidario, ubicado a una cuadra de la plaza de Yarabamba. Cada tarjeta tenía un costo de S/ 16.
Sin embargo, de acuerdo con información recogida por Evidencia.pe, la venta de esas polladas no habría sido voluntaria. Al menos dos denuncias anónimas coinciden en que los jefes de las diferentes oficinas recibieron la orden de distribuir 20 tarjetas a cada trabajador (funcionarios, servidores y locadores de servicios).
Para corroborar la información, este medio obtuvo también el testimonio de un servidor municipal, cuya identidad se mantendrá en reserva para evitar posibles represalias. “Nos han dado 20 tarjetas a todos. Obligatorio bajo órdenes verbales. Nos dijeron que teníamos que ponernos la camiseta; si no colaborábamos, íbamos a perder nuestro contrato”, relató el trabajador.
Incluso, los trabajadores habrían sido impedidos de consumir en el local para evitar que se evidenciara la masiva asistencia, además de restringir la difusión de imágenes y videos. “Nos prohibieron tomar fotos. Solo entrábamos, recogíamos las polladas y nos íbamos. Habían personas de la campaña vigilando en todo momento”, relató.
Evidencia.pe se comunicó con el alcalde José Luis Luna Zapana para conocer su versión. Al ser consultado sobre las denuncias y la distribución obligatoria de tarjetas entre los trabajadores, el burgomaestre optó por cortar la llamada sin responder. “Sabes qué, amigo, ven a la municipalidad y allí conversamos”, fue lo único que dijo antes de colgar.
Si el testimonio es corroborado mediante audios, mensajes, documentos u otras declaraciones, el caso podría trascender el ámbito político y convertirse en una investigación penal. La utilización del cargo para obtener recursos económicos de trabajadores subordinados podría constituir delitos como coacción o abuso de autoridad, entre otros.
El decano del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA) y especialista en derecho municipal, Jorge Sumari Buendía, calificó la denuncia como grave y sostuvo que, de acreditarse los hechos, correspondería la intervención del Ministerio Público. “Si hay evidencias, como audios o testimonios, que demuestren que el alcalde desarrolló una política de coacción para que sus trabajadores colaboren con sus actividades, debe ser denunciado. Eso linda con un abuso de poder dentro del municipio”, explicó.
Sumari añadió que, si los trabajadores fueron obligados a colaborar para mantener su vínculo laboral o contractual, la situación también debe ser evaluada por las autoridades electorales. En su opinión, corresponde determinar si existió una vulneración al deber de neutralidad o alguna otra infracción prevista en la legislación electoral.
Existen antecedentes en el país donde autoridades y funcionarios fueron investigados o sancionados por presionar a servidores públicos para participar en actividades políticas o realizar aportes económicos. En 2025, la Fiscalía intervino la Municipalidad de San Antonio (Moquegua), tras recibir denuncias contra funcionarios que entregaban tickets de polladas a los trabajadores y cuya colaboración estaba supeditada a la permanencia laboral. Ese caso permanece en investigación.
Dato:
José Luna Zapana busca la reelección tras llegar al poder por la detención de su antecesor.
Dato:
El delito de abuso de autoridad se configura cuando un funcionario, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario.
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