Autoridades comunales de Amantaní realizaron un plantón en la Prefectura Regional de Puno para exigir el cese de la subprefecta Matilde Pacompia Quispe. Además, denunciaron que desde hace más de un mes no se distribuyen los vales FISE de gas destinados a las familias del distrito.
La tensión entre las autoridades comunales de Amantaní y la representación política del Ejecutivo en el distrito llegó este viernes hasta la ciudad de Puno. Diez tenientes gobernadores provenientes de distintas comunidades de la isla realizaron un plantón frente a la Prefectura Regional para exigir la destitución inmediata de la subprefecta distrital Matilde Pacompia Quispe, a quien acusan de incumplir sus funciones y generar una serie de problemas que afectan a la población.
Con pancartas y arengas, los representantes comunales denunciaron presuntos abusos de autoridad, falta de coordinación con las comunidades y la paralización en la distribución de los vales del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), beneficio destinado a familias de bajos recursos para la compra de gas doméstico.
«Nosotros somos autoridades elegidas por nuestras comunidades y contamos con legitimidad social. No vamos a permitir que se desconozca nuestro trabajo ni que se afecte a la población», manifestó Roberto Calsín Cari, uno de los tenientes gobernadores que participó en la protesta.
Según explicaron, la principal preocupación de las comunidades es que desde hace más de un mes los vales FISE no están siendo entregados a los beneficiarios. Los dirigentes sostienen que estos documentos permanecen bajo responsabilidad de la subprefecta distrital y que cientos de familias se han quedado sin acceso al subsidio.
«El vale está destinado a cada ciudadano. La población está preocupada porque ya no recibe este beneficio y no se les explica qué está ocurriendo», señalaron los manifestantes durante la protesta.
Cuestionan permanencia de la subprefecta
Los tenientes gobernadores también cuestionaron la designación de Matilde Pacompia Quispe como subprefecta de Amantaní. Entre sus observaciones indicaron que la funcionaria no residiría permanentemente en el distrito y que no participa de manera regular en actividades protocolares ni en reuniones con las autoridades comunales.
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Asimismo, denunciaron que la oficina desde donde desarrolla sus labores funcionaría en un inmueble perteneciente a familiares y que no existiría una adecuada articulación con las comunidades del distrito.
Las autoridades originarias afirmaron que han presentado diversos documentos ante la Prefectura Regional solicitando atención a sus reclamos, pero aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta concreta.
Durante la protesta también expresaron su malestar contra el subprefecto provincial de Puno, Eber Pañuela Flores, a quien acusaron de respaldar a la subprefecta cuestionada y de haber amenazado con retirar del cargo a los tenientes gobernadores.
«Nosotros hemos sido elegidos por nuestras comunidades y cumplimos una función reconocida por la población. Si quieren cesarnos, tendrían que ir comunidad por comunidad», indicaron.
Tras el plantón realizado en la sede de la Prefectura Regional, los dirigentes anunciaron que acudirán a la Defensoría del Pueblo para presentar formalmente sus denuncias y solicitar la intervención de las autoridades competentes.
Además, advirtieron que, si no obtienen una respuesta satisfactoria, viajarán a Lima para exponer el caso ante instancias nacionales y exigir medidas contra la subprefecta distrital.
Dato
Amantaní, ubicada en el lago Titicaca, cuenta con diez tenencias de gobernación distribuidas en sus comunidades. Estas autoridades son elegidas por las propias comunidades bajo mecanismos tradicionales y cumplen funciones de coordinación comunal, representación y apoyo a la gestión pública local.
