Sin Filtro | Cuando informar también puede hacer daño

Por: Karola Lara Manchego

El lamentable caso ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise no solo debe interpelarnos por la gravedad de la presunta agresión sexual sufrida por un adolescente de 16 años. También debe obligarnos a mirar hacia nuestra propia profesión y preguntarnos algo incómodo pero indispensable: ¿hasta dónde puede llegar el periodismo cuando informa sobre el dolor de una víctima, especialmente cuando esa víctima es menor de edad?

La respuesta debería ser inequívoca: hasta donde comienzan la dignidad, la intimidad y los derechos de esa persona.

La difusión televisiva del nombre del adolescente afectado abrió una segunda controversia alrededor de un caso que ya era suficientemente doloroso. El Ministerio Público inició una investigación preliminar por la presunta revelación indebida de identidad. No corresponde anticipar responsabilidades que deberán establecer las autoridades, pero sí corresponde discutir desde ahora la responsabilidad ética que tenemos quienes ejercemos el periodismo. La propia legislación peruana establece una protección especial de la identidad de niños y adolescentes involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito. No estamos, por tanto, únicamente ante una discusión sobre estilos periodísticos. Estamos hablando de derechos.

El periodista Umberto Jara, en su columna “La basura no se llama error, se llama basura”, plantea una crítica particularmente severa sobre este episodio. Más allá del lenguaje deliberadamente confrontacional que emplea, existe en su reflexión una idea que merece ser discutida seriamente: tener acceso a información reservada no significa tener derecho a publicarla. Un documento fiscal puede contener nombres, domicilios, teléfonos, historias clínicas, testimonios y detalles profundamente íntimos. Que esa información llegue a manos de un periodista no elimina la obligación de preguntarse qué debe hacerse público y qué debe permanecer protegido. Ahí radica una diferencia fundamental entre tener información y saber hacer periodismo.

La primicia no puede estar por encima de la persona. Tampoco el rating, la competencia entre medios, las redes sociales ni el deseo de demostrar que poseemos una fuente privilegiada. La responsabilidad profesional comienza precisamente cuando, teniendo la posibilidad de publicar algo, somos capaces de comprender por qué no debemos hacerlo.

En este caso existe además una condición que debería activar todas las alarmas éticas de una redacción: estamos hablando de un menor de edad, presunta víctima y en un contexto de violencia sexual. Tres circunstancias que exigen el máximo nivel de protección. El Reglamento de la Ley N.º 30364 contempla que los medios deben salvaguardar la intimidad e integridad de las víctimas y evitar su revictimización durante el tratamiento informativo.

Y aquí aparece una palabra que los periodistas necesitamos comprender en toda su dimensión: revictimización. Una víctima no debería tener que soportar nuevamente las consecuencias del hecho sufrido porque nosotros decidimos convertir aspectos de su intimidad en contenido informativo. Mucho menos un adolescente. Publicar un nombre, mostrar un rostro o entregar suficientes pistas para identificarlo puede exponerlo ante sus compañeros, profesores, vecinos y, hoy más que nunca, ante millones de desconocidos en las redes sociales. Internet no olvida con facilidad. Lo que se pronuncia durante segundos frente a una cámara puede permanecer disponible durante años.

Proteger la identidad tampoco significa solamente colocar iniciales sobre un nombre o difuminar un rostro. Si mencionamos el colegio, grado, sección, familiares, domicilio u otros elementos que, combinados, permiten reconocer al menor, podemos terminar identificándolo indirectamente. El principio debería ser sencillo: si la información no es indispensable para comprender el hecho y puede ocasionar un daño adicional a la víctima, debemos preguntarnos seriamente por qué publicarla.

Umberto Jara introduce otra reflexión que considero fundamental para nuestra profesión: el periodismo firme no consiste en ser despiadado con quien está en situación de vulnerabilidad. El verdadero periodismo fiscalizador dirige sus preguntas incómodas hacia quienes poseen poder y deben rendir cuentas. Jara utiliza el ejemplo de Oriana Fallaci para recordar precisamente esa diferencia: confrontar al poderoso puede exigir valentía; utilizar el poder de una cámara y un micrófono frente al indefenso es algo completamente distinto. Su planteamiento puede resumirse en que el periodismo debe fiscalizar al poderoso y no aumentar la vulnerabilidad de quien ya ha sido víctima.

Necesitamos recuperar esa distinción. No debemos confundir agresividad con valentía, espectáculo con investigación ni exposición con transparencia. Un periodista no demuestra mayor independencia porque grita más fuerte ni porque revela aquello que otros decidieron responsablemente proteger.

También debemos reflexionar sobre la palabra “error”. Los periodistas podemos equivocarnos. Lo hacemos, como cualquier ser humano. Y cuando sucede tenemos la obligación de reconocerlo, rectificar y reparar hasta donde sea posible. Pero también debemos preguntarnos cuándo una equivocación revela fallas más profundas: desconocimiento de las normas, ausencia de filtros editoriales, falta de protocolos o una cultura profesional que coloca la espectacularidad por encima de la dignidad humana.

Detrás de una transmisión existen productores, editores, directores periodísticos y propietarios de medios. La protección de un menor no puede depender únicamente de que un conductor recuerde una norma segundos antes de salir al aire. Las empresas periodísticas necesitan protocolos claros para informar sobre violencia sexual, niñez y adolescencia, y sus profesionales deben recibir capacitación permanente.

Este caso debería convertirse también en una oportunidad para las facultades y escuelas de Comunicación. Podemos enseñar técnicas de entrevista, redacción, investigación, televisión y producción digital, pero si no enseñamos a reconocer cuándo una información puede destruir la intimidad de una persona, nuestra formación estará incompleta.

Ryszard Kapuściński escribió una frase que Umberto Jara recupera en su artículo: “Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”. Más allá de si compartimos literalmente esa afirmación, contiene una advertencia vigente: el periodismo necesita humanidad. Necesita criterio. Necesita límites. Y, sobre todo, necesita recordar que detrás de cada expediente, denuncia, fotografía o declaración existe una persona.

En casos de violencia sexual contra menores, nuestra primera pregunta no debería ser solamente “¿qué información tenemos?”, sino también “¿qué daño podemos causar al publicarla?”.

Informar es un derecho y una responsabilidad. La libertad de expresión y de información constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática, pero su ejercicio adquiere una exigencia ética especial cuando tenemos frente a nosotros a quienes no están en igualdad de condiciones para defenderse.

Un menor, víctima de violencia no necesita que el periodismo le arrebate también su intimidad. Necesita justicia, protección, acompañamiento y respeto.

El buen periodismo puede investigar qué ocurrió, fiscalizar a las autoridades, preguntar qué hizo el colegio, determinar si funcionaron los protocolos, exigir respuestas a las instituciones y revelar las fallas del sistema. Puede hacer todo eso sin revelar quién es la víctima.

Quizá allí se encuentre la lección más importante que deja este lamentable episodio: no todo lo que sabemos debe publicarse; no todo lo que podemos mostrar debemos mostrarlo; y ninguna primicia vale más que la dignidad de un niño o adolescente.

Porque informar sobre el dolor ajeno exige algo más que un micrófono, una cámara o una fuente privilegiada. ¡Exige conciencia!

Cita

El verdadero periodismo fiscalizador dirige sus preguntas incómodas hacia quienes poseen poder y deben rendir cuentas.