Sin Filtro: Cuando educar se convierte en poner en riesgo

Por: Karola Lara Manchego. Doctora en Comunicación y Desarrollo

La muerte de un estudiante en un colegio de Iquitos no puede reducirse a la categoría de “accidente escolar”. Cuando un adolescente pierde la vida mientras realiza una labor que jamás debió corresponderle, estamos frente a un hecho que obliga a preguntarnos qué estamos entendiendo por educación, autoridad y responsabilidad dentro de nuestras escuelas.

El caso ocurrido en la Institución Educativa N.º 60057 Petronila Perea de Ferrando, en Punchana, es estremecedor. Según la Defensoría del Pueblo, dos estudiantes de quinto de secundaria participaban en la demolición de una estructura de concreto cuando esta colapsó. Taylor Yaicate Ricopa, de 18 años, murió y otro escolar resultó herido. La institución ha señalado, además, que dicha labor habría sido encargada por el director y un docente.

La frase de la Defensoría debería bastar para cerrar cualquier intento de normalización: “Esta no es función de los escolares, quienes solo deben ir a los colegios a estudiar”. Porque una cosa es educar en responsabilidad, participación y cuidado del espacio común, y otra muy distinta convertir a los estudiantes en mano de obra.

Durante años hemos naturalizado en algunas instituciones educativas las llamadas “faenas” limpiar, deshierbar, cargar objetos, mover materiales, pintar, reparar o realizar diferentes trabajos dentro de los planteles. Muchas de estas actividades se justifican bajo conceptos aparentemente positivos como colaboración, disciplina, formación para la vida o identificación con la institución.

Pero existe una frontera que jamás debe cruzarse. Un estudiante puede aprender el valor de cuidar su colegio. Lo que no debe hacer es reemplazar al trabajador de mantenimiento, al obrero, al técnico ni a ningún adulto encargado de ejecutar una actividad que requiere capacitación y medidas específicas de seguridad.

La demolición no es una actividad pedagógica. Es una tarea de riesgo que exige evaluación previa de la estructura, identificación de peligros, procedimientos de trabajo, herramientas apropiadas, equipos de protección y personal competente. Basta imaginar por unos segundos a un grupo de adolescentes golpeando o interviniendo un muro para comprender la dimensión de la irresponsabilidad.

Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿cuántas prácticas similares continúan realizándose en colegios del país simplemente porque todavía no ha ocurrido una tragedia?

Ese es quizá el aspecto que debería preocuparnos más. La ausencia de accidentes no convierte una práctica peligrosa en segura. Durante años algo puede hacerse “porque siempre se hizo así”, hasta que un día ocurre lo irreversible. Entonces aparecen investigaciones, comunicados, suspensiones, responsabilidades administrativas y eventualmente procesos penales. Pero para una familia ninguna sanción devuelve a un hijo.

También debemos revisar la cultura de autoridad que todavía persiste en determinados espacios educativos. Un profesor posee una posición de poder frente al estudiante. Decide, evalúa y califica. Por eso, cuando solicita que un alumno participe en una actividad ajena al aprendizaje, debemos preguntarnos hasta qué punto existe realmente libertad para negarse.

Si además llegara a comprobarse que determinados trabajos fueron vinculados con notas, asistencia u otros mecanismos académicos -una versión que ha sido difundida y que corresponde esclarecer a las autoridades- la situación sería todavía más grave. Una calificación jamás puede convertirse en instrumento para conseguir obediencia frente a una actividad potencialmente peligrosa.

La Ley de Reforma Magisterial establece entre los deberes de los profesores respetar los derechos de los estudiantes y actuar conforme a principios que garanticen su integridad. Y el Estado dispone de protocolos específicos para prevenir y atender situaciones de violencia dentro de las instituciones educativas. La protección del menor no puede quedar subordinada a las costumbres internas de un colegio.

Sin embargo, tampoco sería responsable convertir este caso en una condena general contra los docentes. Miles de maestros trabajan diariamente en condiciones difíciles y muchas veces sostienen escuelas que presentan graves carencias de infraestructura y presupuesto. Precisamente por respeto a ellos debemos diferenciar al docente comprometido de aquellas conductas que desnaturalizan la función educativa.

La escuela puede enseñar solidaridad y trabajo colectivo sin exponer a nadie. Puede organizar campañas ambientales, actividades de orden, proyectos comunitarios y jornadas educativas adecuadas a la edad de los estudiantes. Lo que no puede hacer es trasladarles responsabilidades que corresponden a adultos, especialistas o trabajadores.

El caso de Iquitos debería provocar algo más que indignación durante unos días. El Ministerio de Educación, las direcciones regionales y las UGEL deberían revisar qué actividades se están desarrollando bajo la denominación de “faenas escolares”, establecer límites inequívocos y supervisar su cumplimiento. Los padres también necesitan saber qué trabajos realizan sus hijos dentro de los colegios y en qué condiciones.

Y los propios estudiantes deben conocer algo elemental: obedecer a una autoridad educativa no significa aceptar una orden que pueda poner en peligro su integridad.

Una escuela debería ser uno de los lugares más seguros para un niño o adolescente. Allí los padres entregan durante varias horas lo más valioso que tienen bajo una confianza implícita: que sus hijos serán educados y protegidos.

Cuando esa confianza se rompe, la responsabilidad institucional no puede esconderse detrás de palabras como “faena”, “colaboración” o “accidente”.

Taylor salió de casa para ir al colegio. No para trabajar en una demolición. Esa diferencia, tan sencilla y dolorosa, debería ser suficiente para que el país revise prácticas que quizá hemos tolerado demasiado tiempo.

Porque educar también significa cuidar. Y ninguna lección, ninguna nota y ninguna supuesta faena escolar vale la vida de un estudiante.

CITA

“Obedecer a una autoridad educativa no significa aceptar una orden que pueda poner en peligro su integridad”.

DATO

El hecho ocurrió en la I.E. N.º 60057 Petronila Perea de Ferrando, en Punchana, Iquitos.

DATO

Las actividades de demolición requieren evaluación estructural, identificación de peligros, procedimientos de seguridad, herramientas adecuadas y personal competente.