El caso podría ser evaluado por la Comisión de Ética del Congreso.
El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda Vásquez, publicó en sus redes sociales un oficio dirigido al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, en el que expuso inicialmente el nombre completo de una mujer que solicitó una interrupción terapéutica de su embarazo. Aunque posteriormente retiró o modificó la publicación para ocultar su identidad, el documento fue visto y comentado por miles de personas por varias horas.
Aranda justificó su intervención en sus funciones de fiscalización. En el documento, además, pidió al hospital la evaluación médica integral, diagnósticos, exámenes, informes de la Junta Médica. También la orientación brindada a la paciente, consentimiento informado, historia clínica completa y cronológica, así como el protocolo utilizado para sustentar el procedimiento.
El parlamentario advirtió que, si encontraba indicios de que la intervención se autorizó o programó sin sustento médico o legal, pedirá que los hechos se informen del Ministerio Público. El problema es que el aborto terapéutico no constituye un delito en el Perú cuando se cumplen las condiciones establecidas por la legislación.
El artículo 119 del Código Penal señala expresamente que no es punible el aborto practicado por un médico, con consentimiento de la mujer. Esto cuando constituye el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave y permanente.
Más grave aún es la exposición de la paciente. La información relacionada con la salud de la fémina es parte de la esfera de intimidad de las personas y está protegida bajo la Ley de Protección de Datos Personales.
El abogado Alejandro Rospigliosi Vega calificó el caso como grave y sostuvo que la conducta del diputado tendría que ser evaluada por la Comisión de Ética del Congreso, instancia que incluso podría imponer una suspensión. Explicó que la exposición de información vinculada a la historia clínica y los datos personales de una ciudadana constituye una situación ilícita. Además, el caso podría ser materia de investigación por parte del Ministerio Público.
DATO
Christian Aranda no respondió las reiteradas llamadas de este medio.
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