La seguridad ciudadana en la ciudad de Puno atraviesa un momento crítico, no por el avance de la delincuencia, sino por una crisis interna que viene afectando la operatividad del cuerpo de Serenazgo. Trabajadores de la comuna provincial, bajo la gestión del alcalde Javier Ponce Roque, han alzado su voz de protesta para denunciar una serie de irregularidades que van desde el abandono de la flota vehicular hasta el recorte sistemático de sus beneficios laborales, poniendo en riesgo tanto su integridad física como el servicio que brindan a la comunidad.

La gravedad de esta situación quedó expuesta tras un reciente accidente en la avenida Simón Bolívar, donde un joven sereno sufrió fracturas de consideración mientras patrullaba. Este incidente reveló una verdad que la gestión intentaba ocultar: de las 25 motocicletas adquiridas recientemente por la comuna, solo 4 cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. El resto de la flota permanece inoperativa, acumulando polvo en pasadizos municipales por falta de baterías y mantenimiento básico.

Negligencia operativa

Para intentar maquillar la carencia de vehículos, la administración ha dispuesto que las únicas cuatro motos operativas realicen doble turno, sometiendo a las máquinas a un desgaste acelerado. Los denunciantes, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, señalan que la flota está prácticamente paralizada por un abandono administrativo que impide la compra de insumos básicos para patrullar adecuadamente las calles puneñas.

La respuesta de los responsables ante las quejas es desalentadora. Según los testimonios, el almacenero Alberto Machaca responde a los pedidos de combustible y repuestos con una frase tajante: «Internen las motos y vayan a trabajar a pie». Esta actitud refleja una falta de criterio logístico y un desprecio por la labor de seguridad que, por naturaleza, requiere de movilidad inmediata para atender las emergencias de los vecinos.

Lo más preocupante es que esta situación no es nueva para las autoridades. Los trabajadores presentaron documentos detallando estas deficiencias ante el exsubgerente de Seguridad Ciudadana, Raúl Mestas y diversos regidores fiscalizadores; sin embargo, no hubo acciones correctivas. Mestas, lejos de solucionar el conflicto, se habría negado a remover al cuestionado almacenero, ignorando las quejas formales que advertían sobre la falta de equipos de protección y el mal estado de los vehículos.

Crisis salarial y promesas incumplidas

En el aspecto legal, los serenos denuncian un trato discriminatorio en comparación con otras municipalidades del país. Mientras que a nivel nacional el personal de seguridad suele estar bajo la Ley 728, que garantiza beneficios y descansos, en Puno se aplica la Ley 276. Este régimen administrativo ha sido señalado como una herramienta para recortar derechos laborales básicos y mantener una estructura de sueldos estancada.

La indignación aumentó hace dos meses, cuando la gerencia municipal emitió una resolución que, según los afectados, perjudicó directamente sus ingresos mensuales. A pesar de las promesas de un incremento salarial para compensar el costo de vida y el riesgo del trabajo, los trabajadores aseguran que hasta la fecha no se ha cumplido ningún compromiso, sintiéndose engañados por una gestión que les exige resultados sin brindarles estabilidad económica.

Respecto al joven trabajador accidentado en la avenida Simón Bolívar, el pedido es humanitario y legal: exigen su incorporación administrativa inmediata durante su etapa de recuperación. Actualmente, el sereno lesionado enfrenta gastos médicos significativos sin el respaldo formal de la institución, lo que evidencia la desprotección total en la que operan quienes deben cuidar a la ciudadanía.

Falta de capacitación

Otro punto crítico es la falta de protocolos de seguridad. Los denunciantes advirtieron que la municipalidad entrega motocicletas a personal que no ha recibido capacitación previa en manejo defensivo o tácticas de patrullaje. Esta improvisación es la que finalmente deriva en accidentes viales, como el mencionado anteriormente, convirtiendo a las herramientas de trabajo en trampas mortales para los trabajadores con poca experiencia en vehículos motorizados.

Finalmente, el personal de Seguridad Ciudadana ha lanzado un ultimátum al alcalde y al Concejo Municipal para que intervengan de inmediato. Sus demandas son claras: regularización del SOAT para toda la flota, cambio del personal de almacén, cumplimiento del aumento salarial prometido y la transición hacia un régimen laboral más justo. De no haber respuesta, la seguridad de Puno seguirá dependiendo de solo cuatro motos y de un personal que hoy se siente maltratado por su propio municipio.

DATO

Según el Reglamento Nacional de Tránsito operar vehículos sin SOAT implica una multa del 12% de la UIT y la retención del vehículo, siendo la Municipalidad responsable civil y penalmente.

DATO

El Manual del Sereno obliga a las municipalidades a garantizar el mantenimiento preventivo constante de su flota para asegurar la operatividad del servicio.