Siete trabajadores fueron retenidos tras la interceptación de una embarcación con petróleo en el río Corrientes, en Trompeteros. Comuneros exigen dos millones de soles mientras crece la preocupación por un posible derrame.
Una situación de alta tensión se vive en la región Loreto luego de que la empresa RICSA denunciara la retención de siete trabajadores y la toma de una embarcación que transportaba petróleo, tras una violenta intervención ocurrida el pasado 12 de abril en el río Corrientes, a la altura del distrito de Trompeteros.
De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el hecho se registró aproximadamente a las 5:20 de la mañana, cuando un convoy fluvial que trasladaba crudo fue interceptado por al menos 25 comuneros de la zona de Providencia. Los intervinientes se movilizaban en pequeñas embarcaciones y portaban machetes y palos, con los que habrían obligado a la tripulación a detener su marcha y ceder el control de las unidades.
La operación fue interrumpida cuando los manifestantes forzaron el abandono de la barcaza “Pacífico XIX”, un contenedor de gran tamaño que requiere remolque para su desplazamiento. Posteriormente, el remolcador “Coseda I” fue conducido hacia una zona bajo control de la comunidad. En total, siete trabajadores quedaron retenidos contra su voluntad, según la denuncia empresarial.
La embarcación involucrada transportaba aproximadamente 10 500 barriles de petróleo con destino al Lote 8, desde donde el crudo sería llevado hacia la refinería de Iquitos como parte de la cadena operativa habitual en la Amazonía.
Gian Pier García, jefe de operaciones, informó que los comuneros exigen el pago de dos millones de soles a cambio de liberar tanto a los trabajadores como a la nave. Según explicó, esta exigencia estaría vinculada a reclamos por el uso del río, bajo el argumento de que la comunidad no ha recibido beneficios pese al tránsito constante de embarcaciones vinculadas a la actividad petrolera.
En la misma línea, el gerente de operaciones de RICSA, Paúl Vigo, declaró a medios nacionales que los trabajadores fueron obligados a entregar el control de la maquinaria mediante presión física y amenazas verbales. Indicó además que los retenidos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, con posibles afectaciones psicológicas derivadas del encierro.
Dato
Según la Defensoría del Pueblo, Loreto concentra cerca de 29 conflictos sociales, la mayoría vinculados a la actividad petrolera. Más de 20 de estos casos están relacionados directamente con hidrocarburos y derrames, lo que evidencia una problemática histórica que ha generado constantes enfrentamientos entre comunidades y empresas en la Amazonía.
