Sentenciado por designar al procurador municipal en 2023.
La situación judicial del alcalde provincial de Ilo, Humberto Jesús Tapia Garay, se complicó luego de que la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua confirmara en segunda instancia la condena en su contra por el delito de usurpación de funciones. El fallo ratificó la sentencia del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Ilo, que, en diciembre de 2025, estableció una pena de cuatro años de prisión suspendida, además de un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El proceso está relacionado con la emisión de la Resolución de Alcaldía N.° 062-2023-A-MPI, mediante la cual Tapia Garay dejó sin efecto una resolución anterior y dispuso nuevamente la designación del abogado Juani Howard Zegarra Coaila como procurador público municipal, modificando además su régimen laboral.
Según la resolución judicial, el alcalde habría ejercido una competencia que ya no correspondía a las municipalidades. Desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 31433, en marzo de 2022, la designación y cese de procuradores municipales pasó a ser una atribución exclusiva de la Procuraduría General del Estado (PGE).
El colegiado consideró que Tapia Garay conocía esta limitación, debido a que la Municipalidad Provincial de Ilo ya había recibido comunicaciones de la PGE informando sobre sus nuevas competencias.
La Sala concluyó que la resolución emitida por el burgomaestre buscó “otorgar apariencia de legalidad” a una decisión para la cual no tenía facultades, descartando el argumento de la defensa que señalaba que se trató de un error administrativo.
Luego de la decisión de segunda instancia, la defensa legal del alcalde evalúa presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema, mecanismo extraordinario para revisar la correcta aplicación de la ley y la validez del procedimiento judicial.
Alcalde se defiende
Tapia indicó que sus abogados analizan los fundamentos de la resolución y que existen antecedentes jurisprudenciales que podrían respaldar este recurso.»Somos respetuosos de los fallos judiciales y también somos respetuosos de las instancias a las que nos corresponde acudir”, señaló.
Aunque la sentencia incluye una inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos, esta no implica una salida inmediata del despacho municipal. El procedimiento deberá continuar ante las instancias correspondientes y será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el organismo encargado de determinar las consecuencias electorales de una eventual ejecución de la sentencia.
Mientras tanto, Humberto Tapia afirmó que continuará al frente de la Municipalidad Provincial de Ilo y pidió tranquilidad a la población. «Vamos a seguir trabajando, somos respetuosos de las instancias judiciales”, expresó.
Dato
Si una autoridad es sentenciada por usurpación de funciones, procede su suspensión temporal si la condena es en primera instancia, o su vacancia definitiva si la sentencia queda firme.
