la deforestación continuará amenazando uno de los corredores de mayor valor ecológico de la Amazonía.
La minería ilegal de oro provocó la deforestación de 7.901 hectáreas de bosque amazónico entre 2001 y junio de 2026 en una zona fronteriza entre Brasil y Colombia, según un informe del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El estudio advierte que el avance de esta actividad se intensificó en los últimos años y comenzó a extenderse al territorio colombiano, donde afecta un área natural protegida.
El informe MAAP #251, publicado el 28 de octubre de 2026 en colaboración con el Museo Field de Historia Natural, identifica una expansión acelerada de la minería aurífera a lo largo de los ríos Puruê, en Brasil, y Puré, en Colombia. Ambos forman parte de un sistema fluvial conectado con el río Japurá y el curso superior del Amazonas.
De acuerdo con los datos recopilados, el 88 % de la deforestación minera documentada se produjo desde 2022, una señal de la rápida transformación de esta remota región amazónica. Aunque la actividad se registró inicialmente en territorio brasileño, en 2024 comenzó a extenderse al lado colombiano.
Brasil concentra el 92 % de la pérdida de bosque
La mayor parte de la deforestación se concentra en Brasil. El análisis estima que 7.307 hectáreas, equivalentes al 92 % del total, corresponden a la cuenca del río Puruê. En Colombia, la superficie afectada alcanza 594 hectáreas, el 8 % del total.
La expansión minera en Brasil se extiende desde la confluencia del río Puruê con el Japurá hasta la frontera colombiana, incluidos varios afluentes situados al sur. La distribución de las áreas deforestadas evidencia que el impacto no se limita a puntos aislados, sino que abarca un corredor fluvial de gran extensión.
El crecimiento más pronunciado ocurrió durante 2022 y 2023, cuando se registraron 4.130 hectáreas de deforestación asociada a la minería en apenas dos años. En contraste, entre 2001 y finales de 2021, el área acumulada alcanzaba 980 hectáreas.
Posteriormente, entre 2024 y junio de 2026, ambos países sumaron otras 2.791 hectáreas afectadas. Aunque esta cifra es inferior a la registrada durante el pico de 2022-2023, confirma que la presión minera se mantiene elevada y que la actividad continúa avanzando sobre la cobertura forestal.
La deforestación minera llegó a un parque nacional colombiano
En Colombia, el avance de la minería presenta una preocupación adicional: toda la deforestación minera documentada en el lado colombiano se encuentra dentro del Parque Nacional Natural Río Puré, un área protegida donde no se permite la explotación minera.
Según el informe, la actividad comenzó a generar deforestación en esta zona en 2024, se intensificó durante 2025 y acumuló cerca de 600 hectáreas afectadas hasta mediados de 2026. Un reporte anterior de MAAP ya había advertido sobre la presencia de más de 50 dragas mineras en el río Puré durante 2024 y 2025.
La aparición de nuevos focos de deforestación demuestra que la presión sobre el parque no se limita a la presencia de maquinaria en los ríos, sino que también implica la eliminación directa de cobertura forestal para sostener las operaciones extractivas.
La expansión amenaza un territorio de elevada biodiversidad y con importantes reservas de carbono, cuya conservación resulta relevante para el equilibrio ecológico de la Amazonía.
Operativos contra la minería no han frenado su reaparición
Frente al avance de la actividad, las autoridades de Brasil y Colombia realizaron siete operaciones gubernamentales recientes contra la minería ilegal en los ríos Puruê y Puré. Tres fueron coordinadas entre ambos países y cuatro se concentraron exclusivamente en territorio brasileño.
Entre las intervenciones binacionales destacan las ejecutadas en mayo y noviembre de 2025, con participación de entidades militares, policiales y ambientales de ambas naciones.
Los resultados, sin embargo, no se mantuvieron en el tiempo. Después de la operación de mayo de 2025, la deforestación minera en el lado colombiano disminuyó durante junio y julio, pero volvió a incrementarse en noviembre. Tras la intervención de noviembre, se registró otra reducción temporal en diciembre de 2025 y enero de 2026, seguida de un nuevo aumento desde marzo.
Esta evolución refleja una de las principales dificultades para controlar la minería ilegal en zonas remotas: las intervenciones pueden reducir temporalmente la actividad, pero no necesariamente eliminan la infraestructura ni las redes que permiten su reactivación.
Por ello, el informe plantea la necesidad de complementar los operativos con vigilancia permanente, protección territorial y acciones coordinadas que permitan desarticular las redes logísticas y financieras vinculadas con la extracción de oro.
Contaminación y riesgo para los pueblos indígenas
Las consecuencias de la minería no terminan en las áreas de bosque destruidas. El uso de mercurio en la extracción ilegal de oro representa una amenaza para los ecosistemas acuáticos y para las poblaciones que dependen de los peces y otros recursos de los ríos.
La contaminación puede propagarse a través del sistema fluvial Puré-Puruê-Japurá, con posibles efectos sobre la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las comunidades ribereñas.
El estudio también alerta sobre los riesgos para los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, entre ellos los Yurí y Passé, reconocidos en el territorio colombiano. La continuidad de las operaciones mineras aumenta la posibilidad de encuentros no deseados, transmisión de enfermedades, desplazamientos y pérdida de acceso a sus territorios tradicionales.
Además, las actividades mineras se relacionan con redes de transporte de combustible, maquinaria, personal y oro extraído. El informe advierte sobre la creciente presencia del crimen organizado en municipios brasileños que funcionan como centros logísticos, entre ellos Japurá y Maraã.
Una estrategia sostenida para proteger la Amazonía
Los resultados del monitoreo muestran que la deforestación asociada a la minería de oro dejó de ser un problema localizado y se convirtió en una amenaza transfronteriza para los bosques, los ríos y las poblaciones indígenas de la Amazonía.
Brasil concentra la mayor superficie afectada, pero la expansión hacia Colombia y el interior del Parque Nacional Natural Río Puré evidencia que el problema también compromete áreas bajo protección legal.
El informe sostiene que las acciones de control deben mantenerse más allá de intervenciones puntuales. La cooperación entre ambos países, el seguimiento satelital, la protección de los territorios indígenas y el desmantelamiento de las redes que abastecen las operaciones mineras son medidas fundamentales para evitar nuevas incursiones.
DATO:
El Parque Nacional Natural Río Puré fue declarado área protegida el 5 de agosto de 2002, con una extensión oficial de 970.643 hectáreas, según Parques Nacionales Naturales de Colombia. La presencia de minería ilegal dentro de este territorio evidencia la presión que enfrenta un espacio creado para conservar la biodiversidad amazónica y proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los Yurí y Passé.
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