septiembre 25, 2026
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El Tribunal Constitucional admitió una nueva demanda contra la prórroga del Reinfo.

El Tribunal Constitucional admitió una demanda del Colegio de Abogados de Loreto contra la prórroga del Reinfo y cambios sobre minería ilegal. El caso vuelve a poner bajo revisión un régimen vigente por más de dos décadas.

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vuelve al centro del debate constitucional. El Tribunal Constitucional admitió una nueva demanda presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la prórroga del registro y modificaciones al Código Penal vinculadas con la minería ilegal.

La demanda ya fue notificada al Poder Ejecutivo y al Congreso para que presenten sus respuestas. El Colegio de Abogados de Loreto sostiene que la continuidad del régimen puede afectar derechos ambientales, de salud y de igualdad ante la ley. Su decano, Erick Salas Barrera, cuestionó la quinta prórroga, cuyo plazo vence el 31 de diciembre, y afirmó que el mecanismo no habría cumplido su objetivo original de facilitar la formalización. 

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En Loreto, se cuestiona el avance de actividades mineras ilegales en cuencas como la del río Nanay, fuente de agua para Iquitos.

Para el abogado Henry Delgado Urrutia, especialista en gobierno y políticas públicas, una extensión requiere resultados verificables, metas y plazos definidos. También plantea que el TC debería evaluar si mantener el registro es idóneo y necesario frente a otras alternativas, como plazos estrictos, mayor fiscalización e incentivos para culminar la formalización.

El antecedente más relevante se remonta a 2025, cuando el TC declaró improcedente una demanda similar debido a que el Congreso había aprobado otra prórroga. En esa resolución, según el texto proporcionado, exhortó al Legislativo y al Ejecutivo a establecer un régimen que no implique exención de responsabilidades civiles, administrativas o penales. 

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Ahora, el nuevo proceso deberá determinar si la prórroga cuestionada se ajusta a la Constitución.

DATO

Una eventual decisión de inconstitucionalidad podría modificar el escenario para quienes no hayan cumplido con los requisitos de formalización.

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