Investigación revela que más de 220 conductores sancionados entre 2023 y 2025 siguieron circulando con licencias activas pese a infracciones gravísimas. Casos incluyen accidentes con fallecidos y menores heridos sin sanción ejecutada.
Una presunta red de corrupción enquistada en la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno habría permitido que más de 220 conductores sancionados por faltas gravísimas continúen circulando con licencias vigentes, pese a estar legalmente inhabilitados.
El caso, conocido como “Los Mandachitos de la Corrupción”, quedó expuesto en el Informe N.° 007-2025 de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, que documenta cómo infracciones por manejar en estado de ebriedad y provocar accidentes nunca fueron ejecutadas entre 2023 y 2025.
Muertes y accidentes
Uno de los hechos más graves es la muerte de Andrés Umiña Yto, ocurrida el 18 de agosto de 2024. El responsable, Wily René Vilca Neira, conducía con 0.53 g/l de alcohol en sangre, superando el límite legal permitido; sin embargo, su licencia nunca fue cancelada y continuaba vigente en el sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La omisión de sanciones también alcanzó casos donde las víctimas fueron menores. El 5 de abril de 2024, Freddy Fernández Mamani manejaba en estado de ebriedad cuando provocó un accidente que dejó lesionado a un neonato, sin que se ejecutara la cancelación de su licencia.
Apenas dos meses después, el 3 de junio de 2024, Jaime Guzmán Salas Ordoño ocasionó otro accidente bajo las mismas condiciones, dejando a un niño de cuatro años con politraumatismos y posible fractura de cráneo. Tampoco fue sancionado.
Otro caso es el de Edwar Roque Tito, intervenido el 5 de agosto de 2024 con 1.62 g/l de alcohol en sangre, más de tres veces el límite legal, luego de chocar incluso un vehículo policial. A pesar de ello, su licencia seguía activa.
La investigación identificó casos aún más críticos. Félix Alcide Escobar Maldonado registró 2.34 g/l de alcohol en sangre, el nivel más alto detectado en el informe, mientras que Darwin Oliz Apaza Galarza alcanzó 2.07 g/l, es decir, más de cuatro veces el límite permitido.
En ninguno de estos casos se ejecutó la cancelación definitiva de la licencia, pese a que la normativa lo exige.
Sistema
Según la tesis fiscal, esta situación responde a un esquema organizado que operaba desde la Gerencia de Transportes como una ventanilla, donde conductores sancionados podían mantener sus licencias a cambio de pagos ilegales.
Informes policiales señalan que se habrían realizado cobros de entre S/ 400 y S/ 1,500 para liberar vehículos retenidos o evitar la ejecución de sanciones, dependiendo de la gravedad de su delito.
Municipalidad anulación
Tras conocerse el caso, el alcalde de Puno, Javier Ponce, anunció la anulación de todos los trámites aprobados por el exgerente de Transportes, Danny Guerra, investigado como presunto cabecilla de la red.
La medida incluye la revisión de ampliaciones de rutas, liberaciones de vehículos y resoluciones emitidas bajo presunta irregularidad. Cada caso será evaluado de manera individual, en un proceso que podría extenderse por varios meses.
Mientras la municipalidad intenta corregir las irregularidades, la Fiscalía continúa con la investigación penal, que podría derivar en acusaciones por organización criminal, delito que en el Perú se sanciona con penas que pueden superar los 8 años de prisión, y por delitos de corrupción de funcionarios, que contemplan penas de hasta 15 años de cárcel, especialmente cuando se acredita el uso del cargo para favorecer actividades ilícitas.
Dato
En el Perú, el límite máximo permitido de alcohol para conducir es 0.5 g/l; superar ese nivel constituye una falta gravísima que implica la cancelación definitiva de la licencia.
