Yesenia Choquehuanca cuestionó los controles aplicados para adjudicar obras a empresas con dificultades financieras.
Dos obras del Gobierno Regional de Arequipa en Caylloma han quedado a la deriva. Y con ellas también quedan preguntas que la administración regional debe responder. El Centro de Salud de Cabanaconde y el tramo II de la V etapa de la carretera Viscachani-Caylloma se entregaron bajo la modalidad de contrata. Pero las empresas responsables dejaron de ejecutar los trabajos y mantienen deudas con proveedores y trabajadores.
El caso del centro de salud resulta especialmente preocupante. La consejera regional por Caylloma, Yesenia Choquehuanca, señaló a este medio que la obra registra actualmente 86 % de avance y que en su ejecución se han invertido aproximadamente S/ 35 millones. El proyecto debió concluir en enero, pero acumula 18 ampliaciones de plazo y 9 prestaciones adicionales. Mientras tanto, cerca de 7 mil habitantes de Cabanaconde esperan que el establecimiento se culmine y entre en funcionamiento.
La propia consejera plantea la pregunta que debería responder el Gobierno Regional: “No se entiende cómo es que licitan, convocan y adjudican estas obras a empresas sin plata”. Y la interrogante adquiere mayor relevancia porque, según Choquehuanca, el GRA ha cancelado todas las valorizaciones. Mientras que la empresa no habría cumplido con culminar la obra. Entonces, ¿qué controles se aplicaron para garantizar que una empresa encargada de ejecutar un proyecto de S/ 35 millones tuviera la capacidad financiera para llevarlo hasta el final?
La situación también alcanza al proyecto vial Viscachani-Caylloma. El tramo II registraba hasta julio 52,2 % de avance físico y fue adjudicado en 2024 por S/ 20 millones 726 mil. Según la consejera, el Consorcio San Antonio ya no tendría recursos para continuar y las deudas con proveedores y trabajadores superarían el millón de soles. La Región ha comunicado la resolución del contrato y deberá definir cómo concluir el saldo de obra.
En Cabanaconde, Choquehuanca considera que la salida sería también la resolución del contrato y posteriormente determinar cómo ejecutar el saldo pendiente. Mientras se define la salida legal y administrativa, la población sigue esperando. El centro de salud no solo representa una inversión millonaria: es una infraestructura que debería atender las necesidades de 7 mil habitantes. Una obra al 86 % no puede convertirse en otra estructura inconclusa.
Aquí no basta con resolver contratos cuando el problema ya explotó. La verdadera pregunta es cómo se llegó hasta aquí. Si el Gobierno Regional pagó las valorizaciones y la contratista ahora sostiene que no tiene liquidez para continuar, corresponde revisar qué se evaluó antes de adjudicar el proyecto y cómo se supervisó su capacidad de ejecución. Porque en una obra pública, cuando la empresa no puede terminar, la incertidumbre, el retraso y el costo final terminan recayendo sobre la población.
CITA
“El centro de salud no solo representa una inversión millonaria: es una infraestructura que debería atender las necesidades”
DATO
El Centro de Salud de Cabanaconde registra 86 % de avance y una inversión aproximada de S/ 35 millones, según la consejera.
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