Mauricio Arnillas no precisó una fecha para reunión.
A tres años y nueve meses de la muerte de 18 civiles durante las protestas en Juliaca, región Puno, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, ofreció conversar con sus familiares. Lo hizo este sábado, durante la ceremonia por el centenario de la provincia de San Román, en medio de los reclamos de justicia por la represión del 9 de enero de 2023 contra manifestantes que protestaban contra el Gobierno de Dina Boluarte.
“Quiero expresar mi intención abierta, franca y sincera de conversar con los familiares de las víctimas de los hechos del 9 de enero”, manifestó Arnillas durante la sesión solemne.
El ministro aseguró que busca una reunión sin fines protocolares. “Una conversación abierta, no para la foto, sino una conversación sincera, porque ellos merecen ser escuchados”, sostuvo.
El 9 de enero de 2023, 18 civiles murieron durante la represión de las protestas en Juliaca, principalmente cerca al aeropuerto Inca Manco Cápac, según documentaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Desde entonces, los familiares exigen esclarecer las muertes y sancionar a los responsables. También cuestionan la demora de las investigaciones y los cambios en los equipos fiscales. En enero de 2026, el Ministerio Público se reunió con representantes de las víctimas, entre ellos Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero.
La Fiscalía informó entonces que existían 54 carpetas fiscales relacionadas con las protestas de 2022 y 2023 en distintas regiones del país. El abogado de las víctimas, César Quispe Calsín, advirtió sobre el riesgo de trasladar las investigaciones al fuero policial-militar, medida que podría dificultar el esclarecimiento de responsabilidades.
En abril de 2026, Raúl Samillán ya había solicitado a Roberto Sánchez reunirse directamente con los familiares para escuchar sus demandas de justicia y reparación. Samillán cuestionó que los anuncios de apoyo a las víctimas no siempre se conviertan en compromisos concretos.
El nuevo ofrecimiento ocurrió durante la ceremonia encabezada por el alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, donde Arnillas también abordó proyectos de agua potable y saneamiento.
Por ahora, el ministro no ha anunciado una fecha ni un mecanismo de coordinación con los deudos. Tampoco precisó si participarán otras instituciones del Ejecutivo.
Mientras tanto, las investigaciones continúan bajo responsabilidad del Ministerio Público y el Poder Judicial. Las familias siguen esperando respuestas sobre las muertes ocurridas hace casi cuatro años.
Las 54 carpetas fiscales mencionadas por el Ministerio Público en enero de 2026 corresponden a investigaciones vinculadas con las protestas de 2022 y 2023 en distintas regiones del país.
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