PTAR de S/ 1.2 millones en Quequeña queda inoperativa y contamina fuentes de agua

Millones de soles al agua. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Quequeña terminó convertida en un “elefante blanco”. Y es que la Contraloría General de la República, a través del Informe de Auditoría N.° 030-2026-2-0353-AC, reveló que el proyecto no funciona. A esto se suma una serie de irregularidades en la elaboración del expediente técnico, la ejecución, la supervisión y la recepción de la obra. El perjuicio económico que se encontró asciende a S/ 1 millón 274 mil, que corresponde al valor total del proyecto.

Esta importante obra, concluida durante la gestión del actual alcalde Luis Ernesto Núñez Saldívar también provoca daños ambientales. Los auditores constataron la existencia de un by-pass que conecta directamente el último buzón de llegada con la zona de disposición final, de modo que las aguas servidas pueden evitar el proceso de tratamiento. El desagüe sin depurar se rebalsa y termina en una quebrada tributaria del río Yarabamba. Por estos hechos, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sancionó a la municipalidad con una multa de 4,5 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/ 24 mil 750.

Expediente fallido

Las observaciones en torno al proyecto nacen desde la elaboración del expediente técnico original, encargado al consultor José Carlos Hernani Vargas por S/ 36 mil 500. El documento se formuló sin estudios indispensables para determinar las condiciones del terreno, las características de las aguas residuales y la viabilidad del sistema de tratamiento. No se consignaron evaluaciones hidrogeológicas para conocer el comportamiento de la napa freática, estudios del cuerpo receptor para medir el impacto de las descargas y los análisis representativos de la variación de los caudales.

Aunque la comuna destinó un predio de 480 metros cuadrados para construir la planta tras una donación de terreno, el expediente técnico y la ejecución consideraron un polígono diferente de 451 metros cuadrados. Además, la infraestructura ocupó terrenos de dominio público hidráulico, incluida la franja marginal de la quebrada Panteón, además de terrenos agrícolas colindantes.

Aun así, el arquitecto José Edgar Ushiñahua Carrión, quien se desempeñaba como gerente de Desarrollo Urbano y Rural, otorgó conformidad al expediente técnico. Durante la ejecución, asumió las funciones de inspector de obra sin contar con la resolución de designación correspondiente.

Fallas de diseño

El ente de control encontró fallas en la cámara de rejas, el primer componente destinado a retener los residuos sólidos que llegan con las aguas servidas. La infraestructura fue diseñada sin criterios adecuados de autolimpieza ni iluminación, y con parámetros de velocidad insuficientes. Estas condiciones favorecen la acumulación de residuos y las obstrucciones.

El desarenador, componente encargado de retirar las arenas y partículas pesadas, también presentaba problemas. Los problemas continuaban en los reactores anaerobios de flujo ascendente, identificados como RAFA y FAFA, que debían contribuir a reducir la carga contaminante de las aguas residuales.

Otra observación corresponde al sistema de tratamiento aeróbico. La Contraloría advirtió que el filtro percolador previsto originalmente fue sustituido por un sistema denominado Advanced Enviro-Septic, sin que existiera sustento técnico suficiente ni aprobación contractual para justificar el cambio. El lecho de secado de lodos tampoco podía cumplir adecuadamente su función.

La disposición final de las aguas tratadas también presentaba deficiencias. La PTAR había sido proyectada para atender a una población futura de mil 274 habitantes, pero la memoria de cálculo diseñó los pozos de absorción considerando únicamente a 350 personas. A ello se sumó el incumplimiento de las distancias mínimas entre los pozos: las estructuras fueron construidas sin respetar la separación reglamentaria de seis metros y se ubicaron a escasa distancia de la quebrada. El resultado fue saturación, empozamiento e inundación de aguas residuales alrededor de la infraestructura, además de afectaciones a los predios vecinos.

Pagos indebidos

Además de los problemas estructurales, existieron pagos indebidos. En principio, la comuna desembolsó S/ 310 mil 708 por la partida del sistema de tratamiento aeróbico, pese a que los trabajos no se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones previstas. Lo mismo pasó con las valorizaciones N.° 2, 3 y 4, que permitieron continuar con los pagos al contratista, el Consorcio Soluciones Integrales, sin que se hubiera garantizado la correcta ejecución de los componentes observados.

Para variar, la municipalidad recepcionó la obra sin pruebas hidráulicas, sin verificar la calidad del agua tratada y sin iniciar el periodo de puesta en marcha de entre cuatro y seis meses que era necesario para comprobar el funcionamiento del sistema. El comité de recepción estuvo integrado por Erick Jesús Ccari Tapia, encargado de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y los ingenieros Luis Alexis Gonzales Yana y Luis Leonardo Calcina Huanqque.

Esto permitió que el proyecto avanzara hacia su liquidación final, pese a que no se había acreditado que la planta cumpliera su finalidad. Posteriormente, se aprobó la liquidación del contrato y devolvió al Consorcio Soluciones Integrales la garantía de fiel cumplimiento por S/ 127 mil 452 sin haber resuelto las deficiencias que comprometían el funcionamiento de la infraestructura.

Dato

El expediente técnico se aprobó durante la gestión anterior de Laura López.

Dato

La PTAR permanece como un «elefante blanco» por las múltiples observaciones.