Las amenazas y extorsiones también alcanzan a dirigentes sociales de Puno. Más de diez casos son conocidos por la Fiscalía de Derechos Humanos, según informó el coordinador del Módulo Defensorial de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, quien advirtió que existen denuncias procedentes de diferentes zonas de la región.
Uno de los casos recientes es el de Ántero Pimentel Esquivias, expresidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, quien dijo haber recibido mensajes extorsivos en los que desconocidos le exigen S/ 10 mil y amenazan con atentar contra su vida y la de sus familiares si no entrega el dinero.
Pimentel señaló que estos amedrentamientos comenzaron a llegar a su teléfono celular desde diferentes números. Ante las amenazas acudió a las autoridades y los hechos fueron puestos a conocimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos, que inició las diligencias correspondientes.
No sería la primera vez que el exdirigente enfrenta una situación similar. Enríquez Barriales recordó que, hace uno o dos años, Pimentel ya había denunciado amenazas cuando se encontraba en un establecimiento de Juliaca. En aquella oportunidad, el propio representante de la Defensoría lo acompañó para presentar la denuncia.
Fuerte incidencia
Las amenazas conocidas actualmente tienen como antecedente otras investigaciones desarrolladas por las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad.
Hasta noviembre de 2025, investigaban en todo el país 44 casos relacionados con atentados, amenazas y crímenes contra defensores sociales, según información proporcionada por la fiscal superior Rosario Quico Palomino, coordinadora de estas fiscalías a Convoca.
De ese total, 35 permanecían en investigación preliminar y cuatro habían avanzado a investigación preparatoria, etapa en la que ya se había identificado a presuntos responsables.
La mayor cantidad de investigaciones se encontraba en Madre de Dios, con 10 casos, mientras que Puno y Loreto registraban cinco cada una, ubicándose entre las regiones con mayor número de expedientes de este tipo.
Los delitos investigados con mayor frecuencia estaban relacionados con coacción, extorsión y lesiones, varios de ellos registrados en territorios donde operan actividades ilegales.
Convocan a peritos de Lima
En el caso de Pimentel, la investigación continuará con diligencias programadas para el lunes, en las que participarán peritos especializados procedentes de Lima, según informó el coordinador defensorial.
Paralelamente, la Defensoría solicitó información a la Subprefectura Provincial sobre las medidas adoptadas para proteger al exdirigente. La entidad confirmó que Pimentel presentó dos solicitudes de garantías personales, cuya documentación será remitida al organismo defensorial para su evaluación.
Enríquez explicó que para hacer efectiva la protección, la Subprefectura debe poner el caso en conocimiento de la Policía Nacional y coordinar las acciones correspondientes.
El funcionario sostuvo que una resolución de garantías, por sí sola, no garantiza la seguridad de una persona amenazada si no existe una intervención coordinada con la Policía.
La cifra nacional tampoco mostraría toda la dimensión del problema. La fiscal superior Rosario Quico advirtió anteriormente sobre la existencia de una “cifra negra” de agresiones que no fueron registradas como ataques contra defensores o terminaron investigadas como delitos comunes.
Las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad fueron implementadas desde 2023. Antes de su creación, hechos relacionados con defensores podían ser investigados por fiscalías penales como homicidios, lesiones u otros delitos sin incorporar necesariamente el contexto de la actividad desarrollada por la víctima.
Según la representante del Ministerio Público, tampoco se produjo una transferencia completa de todos los expedientes anteriores hacia las nuevas fiscalías especializadas.
En Puno, la Defensoría señaló que las amenazas no se concentran únicamente en Juliaca. Enríquez mencionó antecedentes en otras zonas, entre ellas Huancané, y señaló que continúan las coordinaciones con las subprefecturas para orientar a los afectados.
La institución también advirtió que algunos dirigentes desconocen los procedimientos para solicitar garantías personales, situación que puede dificultar una respuesta rápida después de recibir una amenaza.
Dato
En 2025, la Fiscalía registró 44 casos de atentados, amenazas y crímenes contra defensores sociales en el Perú.
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