El sur del país registra un fuerte aumento de extorsiones y homicidios vinculados a minería ilegal. Puno y Arequipa lideran cifras, mientras Cusco reporta crecimiento sostenido. Redes criminales operan con armas, “gota a gota” y control territorial.
El mapa del crimen en el Perú está cambiando y el sur enciende las alertas. Regiones como Puno, Arequipa y Cusco ya no solo figuran por sus actividades económicas, sino por el avance sostenido de delitos como la extorsión y el sicariato, cada vez más vinculados a economías ilegales como la minería informal.
El último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia advierte que la extorsión ha dejado de concentrarse en Lima. En el sur, la incidencia de este delito pasó de 12% en 2024 a 17% en 2025, lo que representa un incremento superior al 40% en apenas un año.
Este crecimiento no es aislado. El estudio plantea una relación directa entre la expansión de la minería ilegal y el fortalecimiento de redes criminales que operan bajo esquemas de financiamiento informal, como el “gota a gota”, el cobro de cupos y el control territorial. En estos espacios, la violencia se convierte en mecanismo de presión, y cuando las víctimas no cumplen con los pagos, aparecen los sicarios.
Las cifras de homicidios refuerzan este escenario. De los 1,826 asesinatos registrados a nivel nacional en 2025, la mayoría fue perpetrada con armas de fuego y está vinculada a redes de extorsión. En el sur, Puno reportó 90 homicidios y Arequipa 67, consolidándose entre las regiones con mayor incidencia.
Cusco también muestra señales de alerta. En 2025 se registraron 14 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, un incremento de 26% respecto al año anterior y siete veces más que en 2019. Sin embargo, el impacto real podría ser mayor, ya que menos del 20% de las víctimas denuncia estos hechos, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En paralelo, el Ministerio Público reporta que las denuncias por minería ilegal en Cusco aumentaron en 50% respecto a 2020, con mayor concentración en provincias como Chumbivilcas, Quispicanchi y La Convención. Este crecimiento coincide con la expansión de redes delictivas que utilizan la violencia para asegurar sus operaciones.
Lima, costa norte y sur
A nivel distrital, el problema se vuelve aún más evidente. Ananea encabeza la lista con 31 homicidios, seguido de Juliaca con 26, Puerto Maldonado con 23 y Cerro Colorado con 12. Se trata, de cinco de seis territorios, donde la minería ilegal tiene fuerte presencia y donde se disputan recursos como el oro.
Aunque Lima y la costa norte continúan liderando las cifras absolutas de criminalidad, el sur destaca por la velocidad con la que estos delitos se están expandiendo. En estas regiones, la violencia no solo crece en números, sino en su capacidad de penetración social y control de territorios.
A ello se suma un problema estructural: la débil respuesta del Estado. Pese al incremento de denuncias por extorsión, el número de personas encarceladas por este delito prácticamente no ha variado en los últimos años. La impunidad, junto con las limitaciones logísticas y tecnológicas de la Policía, así como casos de infiltración en sus filas, agravan aún más el escenario.
Lo que ocurre en el sur es parte de una transformación del crimen organizado en el país. Las economías ilegales, lejos de ser actividades aisladas, están articulando redes complejas que combinan financiamiento ilícito, violencia armada y control territorial, configurando un desafío cada vez más difícil de contener.
Dato
En apenas 50 distritos del país se concentra el 59% de los homicidios de 2025, muchos están ubicados en zonas con presencia de minería ilegal como Ananea, Juliaca y Puerto Maldonado
