Entre los participantes del proceso aparecen familiares que compartían información de contacto.
El caso de las bicicletas de S/43.400 en Ilo tiene un nuevo capítulo. Una investigación de Prensa Regional señala que los proveedores involucrados en las cotizaciones acumularían más de S/12,6 millones en contrataciones con el Estado, según registros de Transparencia Económica.
Uno de los principales casos es el de Carmen Adela Anahua Rojas, madre de Yeyskint Érica Guzmán Anahua, quien obtuvo la compra municipal. Contraloría advirtió que ambas compartían datos de contacto y domicilio. Además, la madre figuraba como importadora de bicicletas del mismo modelo señalado en la documentación de los equipos adquiridos.
Madre e hija en las cotizaciones
Carmen Anahua registra operaciones con el Estado por aproximadamente S/4,8 millones. Entre sus adjudicaciones figuran S/378.000 por juegos modulares para Chen Chen, en 2025, y S/410.000 por esculturas de fibra de vidrio para la Municipalidad Distrital de San Antonio, en 2026.
La investigación también señala que Guzmán Anahua contrató anteriormente con las municipalidades de Chojata y San Antonio, antes de obtener la adquisición cuestionada en Ilo.
El informe de Contraloría también identificó vínculos entre Pedro Sergio Machaca Flores y su hijo Carlos Hernán Alfredo Machaca Blanco, titular de Bigersol E.I.R.L., quienes participaron en la primera indagación de mercado. Prensa Regional señala que ambos registran contrataciones con entidades de Moquegua, Tacna y Arequipa.
En una segunda evaluación, el órgano de control encontró que una propuesta de M&G Contratistas Generales E.I.R.L., vinculada a Carlos Alberto Gavidia Córdova, fue enviada mediante un correo relacionado con personal de Alfa Josmer Global Construction General S.A.C., otra empresa participante.
Estos antecedentes cobran relevancia porque Contraloría ya había advertido relaciones familiares, coincidencias en datos de contacto y documentación técnica cuestionada en la adquisición de las dos bicicletas.
Dato
M&G Contratistas encabezaría el grupo de proveedores investigados con aproximadamente S/6,3 millones en operaciones con el Estado.
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