El municipio pidió una intervención preventiva para evitar una posible reasunción irregular de funciones.
El eventual regreso de Florentino Nina Fernández a la alcaldía de El Algarrobal encendió las alertas legales. La autoridad distrital cumplirá este 4 de octubre el último día de su licencia electoral y podría volver al municipio desde el lunes, aunque sobre él continúa vigente una inhabilitación judicial que le impide ejercer funciones públicas.
En ese contexto, el 29 de septiembre, el procurador municipal Walther Enrique Vilca Vilca solicitó que la Fiscalía intervenga preventivamente ante una eventual usurpación de función pública, frente a la posibilidad de que Nina vuelva a ejercer como alcalde pese a mantener vigente la inhabilitación judicial.
Esta medida se produce antes del lunes 5 de octubre, fecha en la que Nina buscaría retornar al despacho municipal tras culminar su licencia sin goce de haber.
Inhabilitación vigente
La licencia electoral de Nina comprende del 4 de septiembre al 4 de octubre. Su vencimiento permitiría concluir el periodo de ausencia temporal, pero existe otro impedimento distinto: la inhabilitación impuesta por el Poder Judicial.
Al 2 de octubre, el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles mantenía registrada una “Inhabilitación del Poder Judicial” contra Nina, bajo el inciso 1 del artículo 36 del Código Penal, relacionado con la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado.
El origen se encuentra en la Sentencia N.° 178-2025, del 4 de noviembre de 2025. El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Ilo condenó a Nina por el delito de nombramiento ilegal para cargo público y le impuso, además de una multa, una pena de inhabilitación.
La condena fue confirmada en segunda instancia el 11 de mayo de 2026 por la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones también recogió estos antecedentes al resolver la controversia sobre su candidatura a la Alcaldía Provincial de Ilo.
Presunta usurpación
El caso tiene un antecedente inmediato. La Procuraduría ya había solicitado diligencias preliminares por presunta usurpación de funciones debido a que Nina habría continuado ejerciendo como alcalde después de que su condena fuera confirmada.
El Ministerio Público abrió diligencias y solicitó información a la Municipalidad de El Algarrobal sobre las actuaciones realizadas después de la sentencia. También requirió documentación al Poder Judicial vinculada con la notificación y ejecución de la condena.
Las actuaciones realizadas por Nina después de su condena también fueron revisadas por la Contraloría.
El Informe de Orientación de Oficio N.° 018-2026-OCI/0445-SOO señaló que continuó ejerciendo funciones después de la confirmación de la sentencia y percibió remuneraciones. Además, suscribió resoluciones vinculadas con modificaciones presupuestarias por aproximadamente S/3.8 millones.
El órgano de control advirtió que esta situación podría comprometer la validez legal y administrativa de los actos realizados durante el periodo en el que ya pesaba sobre Nina la inhabilitación.
La sentencia tuvo además consecuencias sobre su candidatura por Acción Popular a la Alcaldía Provincial de Ilo.
Mediante la Resolución N.° 3059-2026-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó la tacha presentada contra Nina. El organismo electoral estableció que recaía sobre él una sentencia condenatoria por un delito doloso y que se encontraba comprendido en el impedimento establecido en el artículo 34-A de la Constitución.
El JNE precisó además que la confirmación de la condena en segunda instancia y la existencia de un recurso de queja pendiente no eliminaban el impedimento constitucional para su postulación.
Lunes clave en El Algarrobal
La atención estará puesta este lunes 5 de octubre en la Municipalidad de El Algarrobal y en las acciones que adopten sus autoridades y funcionarios ante un eventual intento de Nina de reasumir el despacho.
La Procuraduría trasladó previamente el caso a la Fiscalía de Prevención del Delito. Hasta el momento, lo que existe respecto de este posible retorno es una solicitud de intervención preventiva, por lo que sería impreciso presentarla como una nueva denuncia por usurpación de funciones.
Dato
La inhabilitación impuesta a Florentino Nina es de un año y dos meses e incluye la privación del cargo que ejercía y la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
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