El fiscal ambiental Óscar Jiménez Chura advierte avance de mineros ilegales hacia Carabaya y Sandia./ Foto: Ojo Público
La selva puneña está bajo alerta. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental advirtió sobre el ingreso de personas vinculadas a la minería ilegal desde Madre de Dios. El desplazamiento estaría ocurriendo por rutas terrestres y fluviales hacia las provincias de Carabaya y Sandia. La situación preocupa por el posible impacto sobre ríos, bosques y comunidades.
El fiscal ambiental Óscar Jiménez Chura confirmó que su despacho recibió información sobre este movimiento. Según explicó en Pachamama radio, el desplazamiento estaría relacionado con las recientes operaciones ejecutadas por las fuerzas del orden en la región vecina. Las autoridades buscan evitar que estas actividades simplemente cambien de territorio en lugar de ser erradicadas.
Uno de los puntos de preocupación es la Reserva Nacional Tambopata. Allí se realizaron interdicciones para frenar la minería ilegal. Tras estas acciones, algunos de los involucrados estarían buscando nuevas zonas para continuar operando. “Ya tenemos documentada información sobre una cantidad importante de personas que realizan actividad minera”, afirmó Jiménez Chura.
Más casos
La Fiscalía Ambiental también tiene por delante más de 30 casos vinculados con posibles daños ambientales. Estos expedientes surgieron tras fiscalizaciones realizadas por la Dirección Regional de Energía y Minas y la Autoridad Administrativa del Agua. Los hechos estarían relacionados con posibles vertimientos y otras actividades irregulares. Las investigaciones deberán determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El representante del Ministerio Público reconoció que la fiscalización enfrenta limitaciones en la región. El territorio es amplio y existen zonas de difícil acceso. Por ello, planteó incrementar el número de inspectores para reforzar el control en los sectores más vulnerables. La vigilancia será clave para detectar a tiempo posibles operaciones mineras y evitar que el problema avance.
Conflictos por minería ilegal
Sin embargo, el problema no es reciente. Puno cerró el 2025 con 20 conflictos sociales, de los cuales 17 permanecen activos y tres en estado latente, convirtiéndose en la segunda región con mayor conflictividad del país, según la Defensoría del Pueblo. Los principales problemas están relacionados con la minería ilegal, demarcación territorial y conflictos socioambientales, especialmente en las provincias del norte.
Los más complejos se concentran en Carabaya, en zonas como La Rinconada y Lunar de Oro. La minería ilegal ha generado disputas por el control de recursos y estaría vinculada a delitos como trata de personas, extorsión y tenencia ilegal de armas. Los enfrentamientos entre pobladores de Coasa y Limbani son una muestra de la creciente tensión.
La Defensoría participa como mediadora para promover el diálogo, pero sus intervenciones no son vinculantes. La limitada presencia del Estado, la falta de recursos y la escasa capacidad operativa dificultan la atención oportuna. Además, muchas disputas relacionadas con la actividad ilegal ni siquiera llegan a registrarse oficialmente.
El caso de Puno refleja una nueva forma de conflictividad socioambiental que avanza en el país. La Defensoría identificó seis conflictos de este tipo en regiones como Ayacucho, Arequipa, La Libertad, Loreto y Madre de Dios, donde poblaciones enfrentan a organizaciones vinculadas a actividades mineras ilegales.
Ante este escenario, la Fiscalía pidió apoyo a la población de Carabaya y Sandia. Los ciudadanos pueden informar sobre estas actividades. Incluso pueden hacerlo de manera anónima. La alerta busca que las autoridades actúen antes de que se instalen en nuevos puntos de la selva puneña y cause mayores daños al ambiente.
Dato:
Minería informal e ilegal se concentra en las cuencas de los ríos Inambari, Suches y Malinowski.
Dato:
La Interoceánica (Tramo 4) facilitó el ingreso de maquinaria pesada, acelerando la expansión minera.
Sobre el autor
