Atentados contra defensores ambientales continúan en Madre de Dios y Puno.
Proteger los bosques, denunciar la minería ilegal o defender el territorio indígena puede costar la vida en el sur del país. Madre de Dios y Puno concentran cinco casos de agresiones y situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos, convirtiéndose en dos de las regiones donde ejercer esta labor resulta más peligroso, según el Reporte Defensorial N.° 4 de la Defensoría del Pueblo, documento que analiza los casos registrados entre julio de 2024 y febrero de 2026.
El informe advierte que la principal amenaza proviene de las economías ilegales, especialmente la minería ilegal, la tala ilegal y la invasión de territorios, aunque también identifica graves deficiencias del propio Estado para brindar medidas de protección oportunas.
Madre de Dios: los casos más graves
La región amazónica registra cuatro de los cinco casos reportados entre ambas regiones y representa el 13 % de todas las intervenciones defensoriales del país, ubicándose como la tercera con mayor incidencia nacional.
El hecho más grave fue el asesinato del defensor ambiental Hipólito Quispehuamán Conde, quien realizaba labores de protección del territorio en la zona de influencia de la Reserva Nacional Tambopata. El dirigente y defensor ambiental fue interceptado mientras conducía su vehículo y recibió dos disparos de arma de fuego.
El reporte también documenta amenazas y hostigamiento contra un periodista ambiental que denunció actividades vinculadas a la minería ilegal e invasiones de tierras.
Además, el organismo advierte que Madre de Dios y Amazonas concentran el 75 % de las agresiones directas y amenazas graves registradas contra defensores en la Amazonía peruana, evidenciando el alto nivel de violencia que enfrentan quienes denuncian delitos ambientales.
Puno evidencia fallas
Aunque Puno registra un solo caso, el informe revela problemas en la respuesta del Estado para proteger a quienes defienden derechos humanos.
La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Puno solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para agilizar el otorgamiento de garantías personales a favor de un defensor que se encontraba en situación de riesgo.
La institución realizó coordinaciones con la Prefectura y la Policía Nacional para acelerar el procedimiento administrativo y supervisar la implementación efectiva de las medidas de seguridad.
Un problema nacional
Durante el periodo evaluado, la Defensoría del Pueblo atendió 31 casos relacionados con amenazas, agresiones o barreras institucionales contra personas defensoras de derechos humanos y ambientales.
Las regiones con mayor número de intervenciones fueron Ucayali con 14 casos (45 %) , Huánuco con 7 casos (23 %), Madre de Dios con 4 casos (13 %), Amazonas con 3 casos (10 %), Junín con 2 casos (6 %) y Puno con un caso (3 %).
Más de la mitad de las intervenciones estuvieron relacionadas con la defensa de pueblos indígenas, el territorio y el medio ambiente. El informe identifica a la minería ilegal como la principal amenaza, seguida por la tala ilegal, el tráfico de tierras, el narcotráfico y los cultivos ilícitos.
Estado: parte del problema
La Defensoría concluye que el riesgo no proviene únicamente de las organizaciones criminales. Cerca del 74 % de las intervenciones se originaron para exigir respuestas de las propias instituciones públicas debido a demoras en investigaciones, retrasos en el otorgamiento de garantías personales y deficiencias en la ejecución de medidas de protección.
El Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia figuran entre las entidades donde se detectaron las principales barreras para garantizar la seguridad de los defensores.
Dato
La Defensoría del Pueblo registró ocho casos de agresiones graves contra personas defensoras de derechos humanos, entre ellos seis amenazas y actos de hostigamiento.
