Sergio Mostajo analiza la necesidad de impulsar una reforma electoral profunda en el Perú para fortalecer la calidad de la representación política. Mostajo plantea la incorporación de requisitos mínimos de preparación e integridad para acceder a cargos públicos, así como cambios en aspectos como el transfuguismo parlamentario, las causales de vacancia presidencial y la consolidación de instituciones democráticas más sólidas.
Por: Sergio E. Mostajo C. Periodista
Al margen de los resultados de la segunda vuelta —escribo estas líneas el domingo por la mañana, sin conocerlos aún—, considero que debe promoverse con urgencia una reforma electoral. No es posible ni racional que las puertas para ejercer un cargo de elección popular permanezcan completamente abiertas para que cualquier persona, sin preparación, sin visión, sin planes de gobierno reales, sin equipos profesionales o técnicos y sin un respaldo partidario sólido, pueda acceder a funciones de enorme responsabilidad pública.
Esta discusión no es nueva; viene planteándose desde hace muchos años. Quienes defienden la actual amplitud de requisitos sostienen que ello es una expresión de la democracia. Argumentan que todos tenemos derecho a ser presidentes, vicepresidentes, congresistas, gobernadores, consejeros, alcaldes o regidores, incluso sin una preparación específica para ello. Afirman que basta con ser peruano y mayor de edad, que el ejercicio de la función pública se aprende en el camino y que, para suplir las deficiencias, existen asesores y funcionarios de carrera.
También señalan que elevar la valla y ampliar los requisitos para acceder a cargos públicos constituiría una forma de discriminación e incluso de exclusión social. Bajo esa lógica, dirigentes campesinos, personas con limitada formación académica o ciudadanos autodidactas verían restringidas sus posibilidades de participar en la vida política. Advierten que se cerraría la puerta a quienes se han formado en la llamada “universidad de la vida”.
En lo personal, reconozco la validez de varios de esos argumentos y comparto la idea de que el derecho a participar en procesos electorales es inalienable y está garantizado por nuestra Constitución. Sin embargo, reafirmo con la misma convicción que debe existir una reforma que exija un mínimo de preparación, así como una integridad moral acreditada y demostrable para ejercer funciones públicas de tan alta responsabilidad.
En el caso de la Presidencia de la República, conducir una nación y decidir el destino de millones de ciudadanos no es un juego. No debería quedar en manos de personas improvisadas o carentes de conocimientos elementales sobre la gestión pública. La llamada “cosa pública”, concepto derivado del latín res publica, comprende todos aquellos asuntos, bienes, servicios y decisiones que conciernen al interés general de la sociedad. Administrarla exige preparación y responsabilidad.
Del mismo modo, quienes aspiren a otros cargos de elección popular deberían demostrar capacidad, formación e integridad. No debería depender únicamente del azar electoral. Por ejemplo, al Parlamento deberían llegar las personas más preparadas intelectualmente para debatir y aprobar las normas que regulan la convivencia nacional, promueven el desarrollo y buscan el bienestar colectivo. El interés público debe prevalecer sobre cualquier cálculo político o beneficio personal.
Asimismo, resulta indispensable evitar que continúen llegando a cargos de representación ciudadanos investigados, denunciados o incluso procesados por delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas. La confianza de la población en sus autoridades depende, en gran medida, de la calidad moral de quienes las ejercen.
La reforma también debe alcanzar otros aspectos del sistema político. El cargo de congresista, por ejemplo, no debería convertirse en una plataforma para el transfuguismo. Si un parlamentario renuncia a la bancada por la cual fue elegido, debería dejar su escaño y ser reemplazado por el accesitario correspondiente, preservando así la representación política que la ciudadanía decidió otorgar en las urnas.
Del mismo modo, las causales de vacancia presidencial deben ser claras, objetivas y precisas. Asimismo, los golpes de Estado y los autogolpes deben quedar expresamente proscritos, sin espacio para interpretaciones ambiguas o interesadas como las que han marcado diversos episodios de nuestra historia reciente.
Estos son solo algunos ejemplos planteados desde la perspectiva de un ciudadano común. Sin embargo, evidencian que existe mucho por corregir si realmente queremos fortalecer nuestras instituciones democráticas y construir un sistema político más sólido, estable y representativo.
CITA
“Debe existir una preparación mínima e integridad acreditada para ejercer funciones públicas”.
DATO
La Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos a participar en procesos electorales.
DATO
También se debe definir de manera objetiva las causales de vacancia presidencial.
