Diana Gonzales logró anular la sanción del IPD que la destituyó de la Federación Peruana de Vóley.
Diana Gonzales ya confirmó su candidatura al Senado por Lima y por el partido Avanza País. Las reacciones fueron inmediatas y mayoritariamente críticas, con cuestionamientos directos a su desempeño como congresista por Arequipa. Aunque ella respondió que su vínculo con la región sigue intacto y que fue invitada por su partido, lo cierto es que por Arequipa se la vio muy poco y hasta resulta natural su alejamiento de la región.
Su llegada al Congreso estuvo marcada por casi 25 mil votos y por un pasado deportivo que impulsó su figura pública. Exvoleibolista de selecciones juveniles, Gonzales capitalizó ese perfil para acceder años antes a la presidencia de la Federación Peruana de Vóley, cargo que perdió tras una sanción severa del sistema deportivo nacional.
El Consejo Superior de Justicia Deportiva del IPD concluyó que no cumplía requisitos legales para el cargo, como la condición de Deportista Calificado de Alto Nivel y la acreditación de estudios. En 2018 fue destituida e inhabilitada, sanción luego reducida, pero ratificada en lo esencial. El caso pasó entonces a la vía judicial.
En primera instancia, la demanda fue rechazada. Sin embargo, la Cuarta Sala Contencioso Administrativa anuló las resoluciones del IPD en septiembre de 2024. Las magistradas consideraron vulnerado el principio de tipicidad y el debido proceso, dando por válidos documentos que habían sido cuestionados por instancias deportivas.
El fallo generó controversia porque no tomó en cuenta criterios técnicos del IPD sobre la condición DECAN ni los registros oficiales donde Gonzales no figura como deportista de alto nivel en categoría adulta. Aun así, la sanción fue borrada tras más de seis años de litigio.
Sin embaego, el capítulo judicial no cerró del todo. La congresista sigue afrontando investigaciones fiscales por presuntos delitos en agravio de la Federación Peruana de Vóley. Procesos que, según admite, continúan su curso.
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