Mientras el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, asegura que no le interesa perseguir a los presuntos responsables del acaparamiento de entradas a Machu Picchu, el Gobierno Regional del Cusco ha puesto el caso en manos de sus instancias legales y de control. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Rosendo Baca Palomino, informó que se elaboró un reporte técnico sobre cerca de 260 mil boletos separados, devueltos o cuya venta nunca llegó a concretarse, con el propósito de evaluar posibles responsabilidades.
Baca explicó que el documento fue preparado hace más de diez días y remitido a la Procuraduría del Gobierno Regional del Cusco para su evaluación legal. Parte de la información también fue enviada al Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Cultura, encargado de examinar posibles irregularidades dentro de sus competencias.
“Hay una cantidad importante, cerca de 260 mil boletos más o menos”, señaló el funcionario. Aclaró que será la Procuraduría la encargada de determinar si corresponde emprender acciones legales y que este procedimiento es independiente de las actuaciones que pueda impulsar la Subprefectura de Machupicchu.
La decisión regional contrasta con las recientes declaraciones de Beingolea. Durante una entrevista, el ministro fue consultado sobre las posibles denuncias contra las empresas señaladas por utilizar bots, programas informáticos capaces de reservar entradas automáticamente y bloquear su disponibilidad para otros compradores.
“Yo miro para adelante, no miro para atrás”, respondió. Luego añadió: “A mí no me interesa perseguir a nadie”. Cuando el periodista insistió en las posibles responsabilidades, el ministro le contestó: “Pero tú puedes denunciarlas, anda a Fiscalía y denuncias”.
Frente a esta posición, Baca sostuvo que las actuaciones administrativas y legales deben seguir su curso, independientemente de las opiniones de los funcionarios. “Hay responsabilidades, hay plazos y hay competencias”, afirmó.
El Ministerio de Cultura modificó el sistema de venta de entradas para impedir reservas sin pago confirmado.
Los cerca de 260 mil boletos reportados incluyen reservas, devoluciones y ventas no concretadas.
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