Alain Gallegos prefiere maquillar sus palabras para no perder electores de la minería ilegal.
Con miras al periodo municipal 2027-2030, el candidato de Renovación Popular a la alcaldía provincial de Tambopata, Alain Gallegos Moreno, presenta una propuesta enfocada formalmente en la formalización de Micro y pequeñas empresas, el desarrollo del ecoturismo y la remediación ambiental. Sin embargo, tras la lectura detallada de su plan de gobierno, salta a la vista una omisión calculada.
Gallegos evita utilizar de forma explícita el término «minería ilegal» y prefiere recurrir a eufemismos estilizados como «actividades contaminantes» o «presión sobre los recursos naturales». Esta tibieza conceptual sugiere una estrategia deliberada para no indisponerse con el sector minero que actúa de forma ilegal. Lo que en la práctica representa un bolsón electoral sumamente determinante en la región. En su intento por llegar una vez más al poder, esquiva el debate frontal sobre uno de los problemas más destructivos que devastan justamente a esta provincia amazónica.
La economía del oro
La provincia de Tambopata atraviesa una de las crisis socioambientales más graves del país, donde la extracción ilegal de oro destruye hectáreas de bosque primario, envenena los cauces de los ríos con mercurio y alimenta dinámicas delictivas asociadas al crimen organizado y la trata de personas. Ignorar este escenario en el diagnóstico inicial del documento político revela una distancia entre el discurso pro-conservación que exhibe la candidatura y la compleja y dura realidad que se vive a diario en los corredores mineros de la provincia.
En el eje económico, la plataforma de Renovación Popular plantea metas ambiciosas como la formalización de 800 Mypes, la atracción de S/ 200 millones en inversiones públicas y privadas, y la generación de 2 mil nuevos empleos vinculados directamente al sector turístico. Asimismo, promete brindar asistencia técnica a 3 mil productores agroforestales para fortalecer las cadenas de valor del cacao, la castaña y el copoazú, buscando proyectar una alternativa económica sostenible frente a las actividades extractivas tradicionales.
No obstante, el plan de gobierno no explica cómo logrará absorber laboralmente a la masa de trabajadores que dependen directa o indirectamente de la minería aluvial no regulada. El documento deja la reactivación productiva a la creación de la marca “Tambopata Capital de la Biodiversidad”, asumiendo que el crecimiento del turismo sostenible de naturaleza podrá desplazar de manera espontánea a la rentabilidad inmediata que genera la economía del oro en la zona.
El verdadero poder del municipio provincial
Por el lado territorial y ambiental, el plan de Gallegos diagnostica adecuadamente el avance de la deforestación y la pérdida de biodiversidad, proponiendo metas como el incremento de hectáreas reforestadas y la reducción de puntos críticos de basura. Sin embargo, al confrontar estas promesas con el marco legal peruano, quedan en evidencia los estrechos márgenes de acción que posee una municipalidad provincial frente a los delitos ambientales a gran escala.
Conforme a la legislación vigente, la persecución e interdicción de la minería ilegal y la tala no autorizada no son competencia del municipio, sino del Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Mientras que la formalización minera recae exclusivamente en el Gobierno Regional de Madre de Dios, mediante la Dirección Regional de Energía y Minas.
A pesar de estas restricciones operativas, la alcaldía provincial de Tambopata conserva herramientas clave de fiscalización urbana y comercial. Por ejemplo, el municipio puede controlar licencias de funcionamiento de comercios que abastecen a campamentos ilegales, fiscalizar el almacenamiento de insumos químicos en la ciudad y clausurar establecimientos nocturnos vinculados a la trata de personas, medidas que su plan ha preferido omitir.
Institucionalidad, seguridad urbana y control ciudadano
En la dimensión social e institucional, la propuesta de Renovación Popular se orienta al fortalecimiento del Serenazgo, la ampliación de los sistemas de videovigilancia y la optimización de los trámites administrativos mediante herramientas de gobierno digital. Asimismo, para hacer frente a la extendida desconfianza ciudadana, se compromete la realización de dos audiencias públicas anuales de rendición de cuentas (en mayo y septiembre), en cumplimiento riguroso de la Ley N° 31433.
No obstante, la efectividad real de cualquier política de seguridad ciudadana o de desarrollo social en Tambopata dependerá de la capacidad de articulación del alcalde a través del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana con la Policía Nacional. Sin un liderazgo municipal dispuesto a enfrentar las ramificaciones urbanas del crimen organizado en Puerto Maldonado, los planes de patrullaje preventivo corren el riesgo de quedar reducidos al papel.
En conclusión, el plan de gobierno de Alain Gallegos parece bueno por mencionar lo del desarrollo verde, pero adolece de sinceridad al eludir el término «minería ilegal». Su principal reto no solo consistirá en financiar los S/ 200 millones prometidos, sino en demostrar a la ciudadanía si su postura moderada responde a una estrategia diplomática de concertación o al cálculo electoral de un candidato que prefiere no incomodar a los actores informales para asegurar su retorno al sillón municipal.
Dato:
Gallegos Moreno, fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción por presunto peculado, tras ser denunciado por la compra de pasajes aéreos para su madre y hermana con recursos de la municipalidad.
Cifra:
S/60 mil de ingresos anuales, bienes por S/210 mil y un vehículo valorizado en S/12 mil, es lo que declaró en su hoja de vida.
