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Dos exfuncionarios cobraron indebidamente según el IMPLA

Los documentos dirigidos a la Procuradoria, fueron recibidos por la Municiapalidad Provincial el 11 de junio y el 29 de mayo.

El Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa (IMPLA) denunció ante la Procuraduría Pública Municipal a dos servidores por presuntos cobros indebidos que habrían vulnerado la normativa institucional. A través de dos oficios remitidos en junio de 2026 por el jefe de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos, Oswald Galindo Valencia, se alertó sobre presuntas irregularidades administrativas que habrían beneficiado a personal de la entidad.

Los documentos detallan los casos de David Luciano Romero Calderón, quien se negaría a devolver un pago por devengados declarado nulo, y de Mariela Sthepany Yucra Ramos, designada como gerente sin acreditar la experiencia directiva exigida por la entidad. Según el IMPLA, ambas situaciones habrían ocasionado un perjuicio económico de S/ 83 911, monto que busca recuperar mediante acciones civiles y penales contra los presuntos responsables.

El primer caso involucra a David Luciano Romero Calderón, quien, según el IMPLA, se negaría a devolver aproximadamente S/ 55 mil que le fueron pagados sin sustento legal. El documento señala que Romero solicitó en julio de 2024 el pago de una bonificación diferencial, alegando una encargatura como tesorero iniciada en diciembre de 2020. La solicitud fue aprobada por el entonces jefe de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos, Roberto Carlos Laime Sivana. Posteriormente, la Resolución Gerencial N.° 002-2025 dispuso el pago permanente de S/ 600 mensuales, además de más de S/ 55 mil por concepto de devengados.

El Oficio N.° 013-2026 señala que David Luciano Romero Calderón certificó la disponibilidad presupuestal para su propio pago, percibió el dinero sin las retenciones de ley y rechazó devolverlo pese a dos requerimientos formales. Asimismo, el informe remitido a la Procuraduría sostiene que la resolución fue emitida contraviniendo la normativa aplicable, debido a que el régimen del Decreto Legislativo 728, al que pertenece Romero, no contempla este tipo de bonificación diferencial. Además, la Directiva N.° 006-2019-IMPLA-GARH establece que la encargatura de funciones no genera derecho a un diferencial remunerativo. Por ello, el 16 de febrero de 2026 la resolución fue declarada nula de oficio.

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El documento también señala que Romero Calderón, en su condición de asistente, emitió el Informe N.° 0027-2025-IMPLA/GPP, mediante el cual certificó la disponibilidad presupuestal para su propio pago. Según el oficio, dicha función correspondía exclusivamente al jefe de la Oficina de Administración, en su calidad de responsable del presupuesto. Asimismo, el pago se efectuó mediante la Nota de Pago N.° 467-2025 sin las retenciones obligatorias correspondientes a AFP, EsSalud ni al Impuesto a la Renta de quinta categoría.

Tras la declaración de nulidad, el IMPLA requirió la devolución del dinero mediante el Oficio N.° 011-2026, del 24 de abril, y la Carta Notarial N.° 18, del 19 de mayo, otorgándole un plazo de cinco días hábiles. Sin embargo, el oficio precisa que el servidor «no ha cumplido con efectuar la devolución de los montos indebidamente percibidos» ni «ha manifestado voluntad de reintegrar los recursos públicos». Por ello, el caso fue derivado a la Procuraduría para evaluar acciones por pago indebido (artículo 1267 del Código Civil), enriquecimiento sin causa (artículo 1954) y una eventual apropiación ilícita (artículo 190 del Código Penal).

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Se emitió a David Romero solicitudes para devolver el monto cuestionado.

Descargos

Ante los cuestionamientos, Evidencia.pe logró contactar a David Romero Calderón, quien confirmó haber recibido el pago y sostuvo que le corresponde por la encargatura que desempeñó en el área de Tesorería desde 2020.

Respecto a la certificación presupuestal de su propio pago, el servidor justificó su participación. «Nosotros proyectamos, más no damos el visto bueno; eso va de acuerdo a cada competencia», afirmó. Agregó que inicialmente existieron dos criterios favorables de la administración y dos del área legal, antes de que un tercer pronunciamiento concluyera que el pago no correspondía.

Romero sostuvo que el caso se encuentra judicializado y que será el Poder Judicial el encargado de determinar si existió un cobro indebido. Asimismo, invocó el principio de primacía de la realidad y señaló que fue la propia entidad la que aprobó la resolución. Consultado sobre una posible relación con el exjefe del área de Administración, Roberto Carlos Laime Sivana, negó mantener algún vínculo de amistad con él o con otros funcionarios involucrados.

Segunda denuncia

De manera paralela, la Oficina General de Administración y Recursos Humanos del IMPLA remitió a la Procuraduría el Oficio N.° 012-2026-IMPLA/GARH, en el que informó sobre la presunta designación irregular de Mariela Sthepany Yucra Ramos como encargada de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial en noviembre de 2024. Según el documento, la servidora no habría acreditado los dos años de experiencia directiva exigidos por el Manual Clasificador de Cargos.

El informe señala que el entonces jefe de Recursos Humanos, Daniel Alberto Huamani Becerra, validó como experiencia directiva labores de naturaleza técnica, como residente de obra y arquitecta. Además, indica que se presentó un certificado de trabajo emitido por el exgerente general Germán Yuzni Cutimbo Ticona, quien, según el IMPLA, no contaba con competencia funcional para emitir certificaciones laborales.

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Certificado de Mariela Yucra, emitido en setiembre del 2020

De acuerdo con el IMPLA, esta designación habría generado un perjuicio superior a S/ 28 mil. Al asumir el cargo sin cumplir los requisitos mínimos exigidos, la entidad comenzó a pagarle mensualmente un diferencial remunerativo, correspondiente a la diferencia entre el sueldo de su cargo contractual como asistente de Acondicionamiento Territorial y el de la gerencia que ejercía mediante encargatura.

Según el Oficio N.° 012-2026, este desembolso se extendió desde el 20 de noviembre de 2024 hasta el 7 de noviembre de 2025. Durante ese periodo, el IMPLA le abonó un promedio mensual de S/ 2 100 por concepto de encargatura, además de los aportes a EsSalud, equivalentes a S/ 189 mensuales, e incluyó una gratificación de S/ 2 289 en julio de 2025.

Frente a estos hechos, el IMPLA solicitó a la Procuraduría que interponga una demanda contra Mariela Sthepany Yucra Ramos por el presunto delito de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo. Asimismo, pidió que se investigue al exjefe de Recursos Humanos, Daniel Alberto Huamani Becerra, por haber validado experiencia técnica y operativa como si fuera experiencia directiva para sustentar la designación, y al exgerente general Germán Yuzni Cutimbo Ticona por el presunto delito de falsedad ideológica, debido a la emisión de un certificado de trabajo presuntamente irregular.

DATO

Ambos documentos fueron firmados por Oswald Galindo Valencia, jefe de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos del IMPLA.

David Flores