Fiscalía de Derechos Humanos investiga presuntos abusos dentro del penal.
Lo que ocurrió dentro de una celda de aislamiento del penal de Juliaca ha encendido las alarmas sobre el sistema penitenciario. La muerte de un interno, en circunstancias aún bajo investigación, derivó en una medida judicial que ahora pone en el centro del caso a un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a dos reclusos.
El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el agente penitenciario Óscar Pineda Vásquez y los internos César Rosales y Niurman Calzadilla, ambos de nacionalidad venezolana, por su presunta participación en la muerte de Flavio Mamani Apaza, ocurrida el 14 de marzo de 2026 en el Establecimiento Penitenciario de Juliaca.
La medida fue sustentada por los fiscales Hugo Vizcarra y Christian Pérez, de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Puno, quienes atribuyen a los investigados el delito de tortura agravada con subsecuente muerte.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el agente penitenciario, en su condición de jefe de pabellón, habría permitido el ingreso de otros internos a la celda de aislamiento donde se encontraba la víctima, lo que habría facilitado actos de violencia extrema.
En ese contexto, los coimputados habrían agredido físicamente a Mamani Apaza dentro del recinto penitenciario, provocando su muerte. La Fiscalía sostiene además que el agente incurrió en una omisión deliberada de sus funciones de vigilancia y control, lo que agrava su situación legal.
Otra versión
Sin embargo, la versión fiscal es rechazada por familiares y allegados del agente penitenciario, quienes aseguran que Óscar Pineda Vásquez habría actuado conforme a los protocolos establecidos.
Según esta postura, el trabajador del INPE habría alertado oportunamente a sus superiores, así como a la Policía Nacional y al Ministerio Público, tras detectar la situación dentro del penal.
Asimismo, señalan que uno de los internos —sentenciado a cadena perpetua— habría confesado ser el autor del crimen, indicando que asfixió a su compañero de celda. No obstante, en su declaración también habría implicado al agente penitenciario como presunto cómplice.
Para los familiares, esta acusación carecería de sustento suficiente y respondería a una interpretación errónea de los hechos. Incluso, denunciaron un presunto hostigamiento por parte de la fiscalía.
Por lo pronto, el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
Dato
El delito de tortura agravada con subsecuente muerte es considerado uno de los más graves y puede ser sancionado con penas que superan los 25 años de prisión.
Dato
El caso, al involucrar presuntos actos de tortura dentro de un penal, es investigado por una fiscalía especializada en derechos humanos.
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