Regiones

Dictan orden de captura para exalcalde de Ciudad Nueva por colusión en Tacna

Después de más de una década de investigación, el exalcalde del distrito de Ciudad Nueva, Hugo Cecilio Mita Alanoca, fue condenado a seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada en agravio de la municipalidad. La sentencia también alcanza a José Jorge Chávez Rejas, excoordinador del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Físicas y Deportivas”, y a Efraín Quispe Barrios, representante legal de la empresa involucrada.

La resolución judicial dispone además la captura inmediata de los tres sentenciados para su traslado al penal de varones de Pocollay. Asimismo, establece una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años y el pago solidario de S/ 20 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Concertación ilegal

El caso se remonta a 2012, cuando la municipalidad ejecutó la adquisición de 20 parantes metálicos para básquet como parte de un proyecto orientado al fortalecimiento de las actividades deportivas en el distrito. Durante el proceso judicial se acreditó que los involucrados habrían concertado de manera irregular para favorecer al proveedor durante la contratación y el pago de los bienes adquiridos.

Según la sentencia, los funcionarios implicados presionaron al jefe de almacén para que firmara una conformidad de ingreso falsa el 18 de diciembre de 2012. Con ello se buscaba acreditar una entrega inexistente, evitar la aplicación de penalidades por retraso y asegurar el desembolso antes del cierre del año presupuestal.

Las investigaciones también determinaron que los implementos deportivos no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, pese a que fueron dados por recibidos administrativamente.

Bienes llegaron dos años después

Uno de los aspectos más graves revelados durante el juicio fue que los implementos observados recién fueron entregados físicamente en octubre de 2014, casi dos años después de la conformidad de recepción y tras la difusión pública de denuncias periodísticas sobre el caso.

Además, la Fiscalía acreditó que existió una sobrevaloración en los precios de los bienes adquiridos. Para sustentar los montos se habrían utilizado cotizaciones con firmas falsificadas, ocasionando un perjuicio económico a la comuna distrital.

A ello se suma que la municipalidad no ejecutó el cobro de penalidades por el incumplimiento de los plazos de entrega, lo que incrementó la afectación a los recursos públicos.

La sentencia fue emitida por el Poder Judicial tras valorar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, poniendo fin a un proceso que se prolongó durante más de catorce años.

Dato

Sería la segunda sentencia condenatoria en su contra. La primera fue por el delito de peculado.

Carol Cahuaya del Castillo

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