La ayuda llegó, pero quedó almacenada mientras las familias enfrentaban las consecuencias de los incendios forestales. En la provincia cusqueña de Espinar, la Contraloría General de la República detectó que las municipalidades de Pichigua y Alto Pichigua no habían distribuido bienes humanitarios ni completado el registro de 134 personas afectadas, pese a que habían transcurrido entre siete y nueve días desde las emergencias.
Los Informes de Orientación de Oficio N.° 063-2026-OCI/0387-SOO y N.° 064-2026-OCI/0387-SOO, emitidos el 14 de octubre, advirtieron deficiencias que ponían en riesgo la atención oportuna de las familias y la recuperación de las zonas afectadas.
En Pichigua se identificaron 80 afectados, distribuidos entre Moro Alcasana (40) y Chañi (40). En Alto Pichigua, otras 54 personas resultaron perjudicadas: 18 en Challuta Mayopata, 16 en Chipta y 20 en Ancana. Los incendios ocasionaron daños materiales y pérdidas de cultivos y pastizales, por lo que las familias necesitaban alimentos, medicamentos, materiales para reparar viviendas y forraje para sus animales.
La gravedad de la emergencia quedó reflejada el 21 de octubre, cuando pobladores encontraron los restos de Frank Morales Quiroz, de 34 años, en el sector Chipta, límite de Alto Pichigua y Pallpata. La Oficina Regional de Gestión de Riesgos de Desastres y Seguridad de Cusco incluyó su fallecimiento en el balance de víctimas de los incendios forestales, que entonces ascendió a ocho en toda la región.
Pese a ello, ambas municipalidades mantenían pendiente el empadronamiento y la validación de información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad), procedimientos necesarios para organizar la atención de los afectados.
En Pichigua, la Municipalidad Provincial de Espinar entregó ayuda humanitaria el 12 de octubre, pero los bienes permanecían bajo custodia de la comuna distrital debido a la falta de empadronamiento. La entrega comprendía herramientas, prendas de abrigo, utensilios y alimentos.
En Alto Pichigua, los auditores encontraron una situación similar: bienes almacenados sin distribuir. Según la Contraloría, la ayuda destinada a ambas municipalidades incluía 350 kilogramos de productos alimenticios.
Las deficiencias ya habían sido observadas meses antes. En Pichigua, un informe del 21 de julio de 2026 alertó sobre la falta de planes específicos de gestión del riesgo de desastres, sin que se acreditara la corrección de todas las observaciones.
En Alto Pichigua también persistía la ausencia de instrumentos de planificación. El plazo para implementar medidas correctivas había vencido el 24 de agosto, sin que la municipalidad acreditara su cumplimiento.
Los hallazgos fueron comunicados a Freddy Arenas Portugal, alcalde de Pichigua, y Ramiro Valer Hacha, alcalde de Alto Pichigua, responsables de los distritos.
La Contraloría identificó 134 afectados por incendios forestales en Pichigua y Alto Pichigua.
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