Denuncian a Oscco y Maldonado por subir sueldos de funcionario de confianza

Un ciudadano presentó una denuncia contra Ruccy Judith Oscco Polar, alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA); Alejandro Maldonado Gutiérrez, gerente municipal; y Merly Magaly Guillen Chirinos, subgerente de Recursos Humanos, además de los funcionarios que resulten responsables. El documento ingresó a la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa el 2 de noviembre. Y se pide investigar los delitos de negociación incompatible, malversación de fondos y abuso de autoridad.

Se aumentaron los sueldos

El origen del caso es el reajuste de las remuneraciones de los funcionarios de confianza. Pues hace un mes atrás la comuna elevó los sueldos de sus gerentes de 6 mil a 8 mil soles y los de sus subgerentes de 5 mil  a 7. 5 mil soles, con una diferencia de 2 mil soles por trabajador. Dicho reajuste alcanzó a 40 funcionarios y representaría un gasto de 80 mil soles al mes; casi S/ 1 millón al año. La medida se aplicó de forma indirecta: primero se dejaron sin efecto las designaciones y luego se los volvió a contratar.

El cese se formalizó con la Resolución de Alcaldía N.° 344-2026-MPA, del 5 de octubre, que dio por concluidas las designaciones de 32 funcionarios entre asesores, gerentes, jefes de oficina y subgerentes. Medida que se amparó en el artículo 20, inciso 17, de la Ley Orgánica de Municipalidades y fue firmada por la alcaldesa Oscco tras volver de su licencia por las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La nueva escala quedó formalizada con la Resolución de Gerencia Municipal N.° 484-2026.

No es aumento, es actualización

Por su parte el gerente municipal Alejandro Maldonado defendió la medida y aseguró que existen informes técnicos y legales que la respaldan. Sostuvo que no se trata de un aumento, sino de la actualización de la escala del personal de confianza, y que la comuna actuó bajo el principio de legalidad. Además indicó que tomó como referencia los sueldos de otras municipalidades, como Cerro Colorado y Cusco que contaban con un monto mayor.

Maldonado, precisó que el incremento es de 1.5 mil soles y no de 2 mil, y que los funcionarios pasaron de 6.5 mil soles a 8 mil soles. Añadió que la medida se ampara en las normas del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los trabajadores de confianza bajo el régimen CAS y el tope de seis unidades impositivas tributarias. Sobre la denuncia, dijo que el papel aguanta todo y que está tranquilo porque cumplió con la norma.

Maldonado explicó que el gasto no se cubrirá con recursos del canon, sino con ingresos recaudados por la comuna. Agregó que la liberación de plazas financiadas por Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) permitió generar espacio para la nueva escala. De la misma forma explicó que su propio sueldo no lo paga la municipalidad, sino Servir. 

Regidores piden investigar

Desde el concejo provincial, la regidora Rocío Mango informó que la Contraloría General de la República ya solicitó información a la comuna por el caso. Asimismo indicó que ella, (cuando salió a la luz el aumento) junto a otros siete regidores, firmó un documento dirigido a la alcaldesa y a la gerente de Recursos Humanos. Solicitud pidiendo información del procedimiento e indicando que se deje sin efecto la resolución. Señaló que hasta la fecha no recibieron respuesta, por lo que ingresaron el documento a la Contraloría, y adelantó que están dispuestos a colaborar con la Fiscalía.

Recordó que la comuna arrastra deficiencias en uniformes, camionetas obsoletas, cámaras y parques. A ello sumó que la Defensoría del Pueblo intervino por la queja de más de 230 trabajadores a quienes no se les habría pagado. Sin embargo ante ello, Maldonado respondió que la información ya fue canalizada a Recursos Humanos y que se entregará en el plazo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades. Añadió que los regidores no pueden intervenir en asuntos administrativos. 

Por su parte, el regidor José Suárez Llerena coincidió con la postura de Maldonado en un punto. El Concejo no tiene injerencia en las decisiones administrativas ni en el reajuste de sueldos. Pero aclaró que sí le corresponde la facultad de fiscalización. «Podemos fiscalizar si el procedimiento que se ha seguido no ha sido el correcto», sostuvo. Para el concejal, dicho procedimiento no cumplió con los criterios de mérito del régimen CAS, porque, según dijo, se dispuso un aumento, para todos sin evaluar el desempeño de los 40 o 41 funcionarios comprendidos.

Suárez calificó la medida como una falta administrativa y también como un tema ético. Cuestionó que se haya dado por concluidas órdenes de servicio y resoluciones de nombramiento de confianza para luego volver a nombrar a los mismos funcionarios con una nueva retribución. «Eso también es antiético», afirmó. Sobre la denuncia ante el Ministerio Público, indicó que ahora corresponde a la Fiscalía investigar y determinar si hay delito.

A espaldas de la población

Desde el aspecto legal, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari, precisó que el titular del pliego siempre es el alcalde. Asegurando que, el respaldo de la medida le corresponde a la alcaldesa y a los funcionarios de línea, y no al concejo, que solo fiscaliza. Recordó que todo incremento exige un dictamen previo, el presupuesto asegurado y una fuente de financiamiento propia.

Con un panorama más social, el analista político Jorge Bedregal opinó que la medida cae mal porque la gestión no mostró avances. Aunque entiende el argumento de la brecha salarial, consideró que Cerro Colorado recibe más canon y por eso puede pagar más. Mientras que la comuna provincial no tiene cómo justificarlo con tantas obras paralizadas. 

DATO

El expediente que avaló el incremento de remuneraciones tiene apenas ocho folios.

DATO

El Ministerio Público tendrá que evaluar si los delitos presentados en la denuncia, corresponden a lo señalado.