El Poder Judicial determinó responsabilidad penal.
El Poder Judicial condenó a seis exfuncionarios y una proveedora por colusión simple, tras acreditarse irregularidades en la adquisición realizada por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba en el año 2014, de 3 mil pollos parrilleros de 21 días de edad por un valor de S/ 36 mil, destinados al sector Naranjal.
La compra investigada ocurrió durante la gestión municipal 2011-2014, encabezada por el entonces alcalde Juan Olivera Ricalde.
Según la investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, el proceso de contratación habría sido manipulado para favorecer a una proveedora determinada, afectando los principios de transparencia y legalidad.
Responsables
Tras el proceso judicial, el juzgado determinó responsabilidad penal para seis de los siete imputados. Rudy Callañaupa Cáceres, exjefe de Procompite de la municipalidad, fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva.
También fueron condenados Sindy Xiomara Cayo Merma, exgestora de negocios de Procompite; Robert Alfredo Cortes Valencia, exsupervisor de obra; Carlos Enrique Cabrera Andrade, expresidente del comité especial; y Crisanto Carlos Cuenca, integrante del comité, quienes recibieron cuatro años de pena privativa de libertad convertida en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Mientras la proveedora Saide Puente de la Vega Quispe fue sentenciada como cómplice con la misma modalidad de conversión de pena.
Además, los condenados deberán pagar una reparación civil solidaria de S/ 15 mil y cumplir con las sanciones económicas establecidas por el Poder Judicial.
Presuntas irregularidades
El fiscal provincial Carlos Alberto Figueroa Paucarpura, a cargo de este caso, sostuvo que durante la etapa de selección se omitieron estudios de mercado y se modificaron los plazos establecidos en actas e informes para permitir la adjudicación.
Durante el juicio oral, las pericias técnicas y documentos evaluados permitieron establecer que parte de los pollos fueron entregados antes de que existiera formalmente la orden de compra.
Además, el resto de las aves entregadas no habría cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas por la municipalidad. La Fiscalía detalló que se requerían pollos parrilleros de 21 días de edad, pero se habría recibido aves de apenas un día de nacidas.
Pese a estas observaciones, los funcionarios involucrados habrían emitido conformidades y actas de ingreso a almacén que permitieron continuar con el procedimiento administrativo.
Dato
La investigación tuvo de antecedente una auditoría interna del 2016 y la comuna paralizó el pago.
